La Coordinadora Estatal Antinuclear considera que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha cometido prevaricación al emitir un informe complementario sobre Garoña, en respuesta a "una maniobra completamente ilegal" del ministro de Industria, Miguel Sebastián, para favorecer a la central.
Noticias Troposfera.org
27/06/2009
(
Fuente:
laopiniondemurcia.es)
Así lo ha asegurado hoy Carlos Bravo, responsable de
energía nuclear de Greenpeace, que junto a otras organizaciones ecologistas
y plataformas forma parte de la Coordinadora y que podrían recurrir
legalmente los dos dictámenes del CSN a favor de la continuidad de la
central burgalesa.
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El informe inicial del órgano regulador del pasado 5 de
junio, preceptivo pero no vinculante para el Gobierno, era favorable a la
renovación de la explotación de la central por diez años, aunque imponía
unas condiciones al titular, Nuclenor (participado en un 50 por ciento por
Iberdrola y Endesa).
A petición del Ministerio de Industria, el pasado miércoles
el Consejo aprobó un informe complementario, en el que considera que algunas de
las condiciones que fijó para avalar la continuación por diez años pueden no ser
exigibles si el Gobierno opta por una prórroga limitada de sólo dos años.
"Es ilegal que el CSN emita nuevos informes, por lo que esta
maniobra de Sebastián de buscar nuevos escenarios que favorezcan a la central es
completamente ilegal y el CSN al emitir este nuevo dictamen ha cometido
prevaricación", ha subrayado Bravo.
El responsable de Greenpeace ha explicado que el informe
inicial vulnera varias leyes y no está suficientemente motivado, por lo que
"podría ser nulo de pleno derecho", mientras que "el posterior informe a la
carta tampoco parece que pueda ser legal".
"El Consejo de Seguridad Nuclear no puede ablandar sus
condicionantes porque así lo desee el ministro de Industria o Nuclenor", ha
señalado.
Bravo ha considerado que sería un error que el Gobierno, que
debe adoptar una decisión sobre Garoña antes del 5 de julio, "se doblegue a las
presiones de la industria nuclear que lo único que pretende es seguir lucrándose
de una central vieja y peligrosa, pero amortizada totalmente, poniéndonos en
riesgo a todos".
A su juicio, "sería un escándalo" que el Ejecutivo dejara
funcionar la central sin cumplir las condiciones que impuso el Consejo.
Por su parte, el representante de Ecologistas en Acción
Francisco Castejón, ha asegurado que del primer dictamen "debería deducirse, al
menos, una parada cautelar de la planta, porque está evaluando una serie de
condiciones que la central no cumple".
Frente a "la campaña claramente intoxicadora" del 'lobby'
nuclear, los representantes de la Coordinadora han asegurado que el cierre de
Garoña no afectará a la garantía del suministro eléctrico ni creará un problema
laboral, sino al contrario, "acabará con el monocultivo industrial de la zona
que impide que haya otras alternativas económicas".
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