¿Qué tiene Ucrania que sus vecinos de la Europa más rica miran con ojos de deseo? Derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), que le han sido adjudicados por el Protocolo de Kioto en una cantidad por encima de su consumo actua, debido, principalmente, al cierre de las fábricas más contaminantes heredadas de su pasado soviético.
Noticias Troposfera.org
26/06/2009
(
Fuente:
expansion.com)
En momentos de crisis, obtener liquidez con la venta de
estos derechos es un camino que están emprendiendo los países Europa del
Este.
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España es el gran comprador, porque está muy lejos de
cumplir con Kioto y está mostrando mucho interés en los excedentes de los
países europeos, como confirman desde el Ministerio de Medio Ambiente. En
Ucrania, sobran derechos y los venden. ¿Quién los compra? Por ejemplo,
España.
Una transacción en proceso
La transacción entre Ucrania y España tiene una fecha
aproximada de algo más de un año. La cantidad y el precio de esta compra son
factores aún sin determinar, pues la operación se encuentra en proceso de
estudio.
Los encargados de informar sobre el potencial de Ucrania como
vendedor de derechos y, a la vez, como receptor de inversiones en proyectos
limpios son el despacho de abogados Gómez-A cebo & Pombo, como asesores legales,
y la consultora de Medio Ambiente FactorCO2.
Para este fin, ambas empresas cuentan con un presupuesto de
un millón de euros financiados a través del Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo. A estas firmas se les ha adjudicado el proyecto mediante concurso
público.
Este tipo de transacciones económicas están sujetan a varios
condicionantes, entre ellos, que el país vendedor tiene que reinvertir el dinero
recibido por la venta de sus derechos de emisión en el desarrollo de proyectos
limpios de energías renovables, cogeneración, eficiencia energética, sistemas de
biometanización, gestión de vertederos y residuos de agricultura o ganadería.
La ejecución de estos proyectos suele correr a cargo de
empresas del país comprador. De esta manera, el negocio tiene el doble objetivo
de abrir nuevos mercados a las compañías del país que compra los derechos, en
este caso, España.
Este tipo de negociaciones entre gobiernos se llevan bajo una
relativa confidencialidad. Aún así, algunas transacciones en esta línea han
transcendido a los medios, como la compra de seis millones de toneladas de CO2
de España a Hungría, en las últimas semanas de 2008, y las negociaciones que
tiene abiertas con Letonia, Lituania, Estonia y República Checa, además de con
Ucrania.
Fuera de Europa, Japón también ha realizado compras de
carbono a Rumanía. Por el lado de los vendedores, hay anuncios que explicitan su
deseo de hacer líquidos estos derechos: así lo ha puesto de manifiesto la
República Checa, que ha anunciado tener en venta 10 millones de toneladas de
CO2, según PointCarbon, web de referencia internacional del mercado del carbono.
Ránking contaminante
En el ránking de los países deficitarios de derechos de
emisión, España tiene el dudoso honor de ostentar el segundo puesto, a nivel
mundial, entre los países sujetos al Protocolo de Kioto. La Convención Marco de
Naciones Unidas para el Cambio Climático (Unfccc) calcula que en el periodo
2008-2012, España tendrá un excedente anual medio en sus emisiones de CO2 de
103,06 millones de toneladas, que son las que deberá comprar.
Una pregunta clave es: ¿A qué precio? Desde la consultora
FactorCO2, estiman de seis a doce euros el precio de la tonelada de carbono en
estos proyectos. A esta cotización, el Gobierno español tendrá que pagar una
cantidad de entre 618 millones y 1.236 millones de euros por la compra de
carbono.
Para algunos expertos, la razón de estas cifras tan
desorbitadas hay que buscarla en que las exigencias impuestas a España por el
Protocolo de Kioto en su recorte de emisiones han sido excesivas, en relación a
otros países. «España, por ejemplo, puede emitir 10 toneladas de CO2 por
habitante al año. Mientras, las toneladas per cápita en Alemania son de 12 y en
Luxemburgo de 28», apunta Kepa Solaun, socio director de la consultora FactorCO2.
El reparto de estos derechos se llevó a cabo en 1997 y, para
ello, se tuvieron en cuenta muchos factores, como el desarrollo económico del
país y, sobre todo, la capacidad de negociación política de cada estado algo
que, según los expertos, terminó siendo del factor determinante.
De este modo, el Gobierno español tiene que designar una
importante partida a compensar los derechos de emisión de los sectores difusos
(transporte y vivienda, fundamentalmente), pues los sectores industriales y el
eléctrico ya pagan por excederse en sus emisiones.
Troposfera.org declina cualquier responsabilidad sobre el contenido de la información extraída de otras fuentes, las cuales son siempre citadas. Así mismo, su publicación no pretende reflejar la postura u opinión de Troposfera.org sobre el tema tratado.
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