Noticias Troposfera.org
15/06/2009
(
Fuente:
cincodias.com)
A los expertos que aconsejan directamente al presidente
sobre la política energética les ha parecido que las recomendaciones del CSN
son puro artificio y de lo único que se duelen es de no haber tenido más
acompañamiento en este organismo a las tesis antinucleares que defiende
Zapatero.
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Paradójicamente, la ex consejera socialista Charo Velasco
fue sustituida en marzo, sin llegar siquiera a tomar posesión, por Antoni
Gurgui. Fue una orden expresa del jefe del Ejecutivo, previo pacto con CiU.
Un hecho sin precedentes y que pasó desapercibido.
El cierre de la central será anunciado antes del 5 de
julio y supondrá la derrota de todos aquellos que dentro y fuera del PSOE
consideran gratuita esta medida en el plano político, a fin de cuentas no
hay previstas elecciones de ámbito nacional hasta 2011, pero muy costosa por
lo que supone de apuesta errónea en el aspecto puramente estratégico. El ex
presidente Felipe González dijo en alto la semana pasada que defender las
energías limpias sin más es algo así como apoyar el salvamento de las
ballenas: tendrá a todos los ciudadanos a favor, pero no resolverá el gran
desafío que se le presenta a España en cuanto a su futuro energético.
González no es el único que opina así en las filas
socialistas. Otras voces sólidas del socialismo con altos cargos
institucionales y, por tanto, oteros desde los que se divisa mejor el
horizonte, entre las que figuran Javier Solana o Joaquín Almunia, consideran
que cuanto más tarde se aborde una reflexión seria y serena sobre las
fuentes de energía, más tiempo y dinero perderá España en el envite. Casi a
hurtadillas, la Comisión de Industria del Congreso ha abierto en su seno una
subcomisión encargada de esta tarea. A punto estuvo de venirse abajo la
iniciativa promovida por el PP y CiU porque un sector del Gobierno y del
propio PSOE la vieron con ciertos reparos. La ausencia de ruido facilitó su
creación y antes de un año, si no surgen sorpresas, leeremos sus
conclusiones.
Caldera
Uno de los que observaron con más recelos el nacimiento
de esta subcomisión fue el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera. Al frente
ahora de la Fundación Ideas, ha sido uno de los que dentro del PSOE ha
defendido con mayor ahínco la necesidad de desterrar para siempre la energía
nuclear conforme vayan expirando las licencias de explotación de los ocho
reactores repartidos por el territorio español. El ex ministro supervisó de
forma personal el raquítico capítulo energético del programa electoral con
el que el PSOE concurrió a las legislativas de 2008 e impuso su criterio,
con algunos matices, sintiéndose en todo momento portavoz de los anhelos de
Zapatero.
Hubo voces entonces que defendieron la conveniencia de
dejar las puertas abiertas a las diferentes fuentes de energía, pocos meses
antes de que el petróleo coronara los 140 dólares por barril. Finalmente, la
oferta electoral quedó redactada en los siguientes términos: "Mantendremos
el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías
seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma
ordenada en el tiempo al final de su vida útil, dando prioridad a la
garantía de seguridad y con el máximo consenso social, potenciando el ahorro
y la eficiencia energética y las energías renovables, la generación
distribuida y las redes de transporte y distribución local".
Consciente de que este compromiso vale tanto para un roto
como para un descosido, la Fundación dirigida por Caldera daba recientemente
otra vuelta de tuerca para alfombrar la decisión que en breve anunciará el
Gobierno. En su informe sobre el futuro energético, Ideas proponía cerrar
Garoña, previa elaboración de un plan de empleo alternativo para el millar
de puestos de trabajo afectados directa e indirectamente por la clausura.
Desde que se redactó la etérea oferta electoral del PSOE,
en el invierno del año pasado, hasta que las distintas sensibilidades han
ido aflorando al calor de la polémica sobre Garoña, no se ha producido
dentro del partido gubernamental un debate mínimamente ordenado sobre un
tema de tanta trascendencia como el futuro energético. Sólo se ha tocado de
soslayo en alguna reunión de ejecutiva y de comité federal, en las que la
autocensura es una de las principales cartas de navegación. El problema
relatan fuentes socialistas, es que esta falta de debate interno se extiende
a otras muchas facetas de la política nacional. Sin ir más lejos, el propio
Zapatero acaba de eludir una discusión en profundidad sobre las causas de la
derrota electoral del 7-J, a pesar de que puede esconder, según los
expertos, bastantes más ingredientes que la mera recesión económica. Sus
colaboradores aseguran que el presidente no quiere regalar al PP bazas
gratuitas y que por esta razón sigue luciendo la misma sonrisa que antes de
la noche de autos. A fin de cuentas, se justifican, no era el candidato.
Con este panorama, vuelve a ser noticia lo que hace
veinte años, cuando gobernaba Felipe González, ya apenas lo era. Que
diputados de Izquierda Socialista como Manuel de la Rocha o Juan Antonio
Barrio sean los únicos que ahora levanten la voz en las reuniones internas
del Grupo Parlamentario para exigir un debate riguroso sobre la pérdida de
las elecciones europeas, carece en sí de relevancia. Sí que la tiene, en
cambio, el creciente malestar que se acumula en otros sectores de mayor peso
del socialismo, incluido el club de los agraviados por Zapatero, ante la
falta de respuestas contundentes frente a la crisis, la ausencia de un guión
claro para transitarla y las dificultades que genera la pura improvisación
gubernamental para corregir el tiro y conectar con un electorado cada vez
más maduro y huidizo.
Ideas para el futuro cementerio
nuclear
No desesperen. Los últimos visitantes de La Moncloa
atisban para el inicio del nuevo curso político un nuevo plan de ruta cuando
venzan los capítulos del nuevo modelo de financiación autonómica, el plan de
rescate para bancos y cajas de ahorro y la sentencia del Constitucional
sobre el Estatuto catalán. Será entonces la hora de los Presupuestos de
2010, un test en toda regla para el Gobierno que Zapatero remodeló hace sólo
dos meses. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un techo de
gasto de 182.000 millones de euros, que tendrá que pasar también en breve la
reválida parlamentaria. En el Gobierno se considera muy difícil lograr el
apoyo de CiU (10 diputados), pero sí se confía en conseguir el de Izquierda
Unida, que cuenta sólo con dos, el de Esquerra Republicana, con tres, y el
del resto de los integrantes del Grupo Mixto (salvo el de Rosa Díez).
Uno de los diputados de IU, Joan Herrera, portavoz de
Iniciativa por Cataluña-Verdes, temía que Zapatero utilizara el cierre de
Garoña como señuelo en la pasada campaña electoral para colocarse en
solitario la medalla del ecologismo. Herrera tiene un pacto no escrito con
el presidente del Gobierno mediante el que éste último se ha comprometido a
facilitarle un calendario de cierre de las centrales nucleares en
funcionamiento. De este acuerdo forma parte la clausura de Garoña, a la que
no se podrá proceder, en cualquier caso, antes de que se agote su última
carga de combustible.
Coincida o no su cierre con el desmantelamiento de la
central de Zorita (otro problema añadido), el ministro Miguel Sebastián,
plegado al criterio de Zapatero, deberá tener despejada para entonces la
ubicación del polémico cementerio nuclear, dificultad que podría superarse,
según algunas de las voces que se escuchan en Industria, matando dos pájaros
de un tiro, es decir, situándolo ni más ni menos que en Santa María de
Garoña.
De esta forma, aseguran los defensores de la idea, se
daría un empleo alternativo a los trabajadores que ya piensan en movilizarse
para protestar por el cierre de la instalación. Zapatero se lo está
pensando.
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