“Las empresas se están llevando las manos a la cabeza”. Así describía hoy jueves Francisca Luengo, diputada regional del Partido Socialista Canario (PSC), la reacción ante las primeras adjudicaciones del segundo concurso eólico concedidas en La Palma y Lanzarote.

27/02/2009 ( Fuente: Canarias al Día)

Mientras que en La Gomera el resultado del concurso no ha generado polémica, en esas otras dos islas se han planteado ante la Consejería de Empleo e Industria del Gobierno de Canarias varios recursos ya que, según Luengo, “se ha ido contra las propias bases”.

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Los socialistas destacan como principal irregularidad el incumplimiento de la base número siete en lo referente a las áreas de sensibilidad eólica. Francisca Luengo explicó en rueda de prensa que en junio de 2007 el actual presidente de la comisión de adjudicación del concurso (y por aquel entonces director general de Energía del Ejecutivo autonómico), Juan Pedro Sánchez, emitió un informe aclarando que si se solapaban las áreas de dos parques, esta circunstancia no se tendría en cuenta siempre y cuando en la zona común no hubiera instalado ningún aerogenerador; en caso contrario, se descartaría el último de los dos parques en llegar al concurso.

Puesto que, según denuncian, el mismo Juan Pedro Sánchez no ha seguido estos criterios en las adjudicaciones en La Palma y Lanzarote, el PSC pide su dimisión como presidente de la comisión de adjudicación del concurso, ya que se podría haber incurrido incluso “en una posible prevaricación”. Francisca Luengo advirtió además que en lo sucesivo “habrá que revisar todo de nuevo a la vista de los recursos presentados”.

Retrasos

La diputada socialista lamentó que este concurso eólico, convocado en abril de 2007, aún no se haya resuelto, lo cual ha contribuido a su juicio a colocar a Canarias en una situación de precariedad frente a otras comunidades autónomas en materia de implantación de este tipo de energía renovable. "Seguimos estando a la cola, y esto provoca perjuicios económicos y medioambientales", prosiguió Luengo, quien acusó al Gobierno regional de "no defender los intereses generales". Por último, recordó que la lentitud del concurso ha supuesto una pérdida de 79 millones de euros en subvenciones, y puso en duda la parcialidad de una comisión de adjudicación "nombrada a dedo".

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