La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra once Estados miembros, entre ellos el Estados español, por no haber expedido nuevos permisos o actualizado los ya existentes para más de 4.000 instalaciones industriales que se hallan en funcionamiento en diferentes partes de Europa. Los permisos deberían haberse expedido antes del 30 de octubre de 2007.

31/01/2009 ( Fuente: Ecologistas en Acción)

Para Ecologistas en Acción esta situación es inaceptable, ya que no puede ser que haya en funcionamiento instalaciones industriales sin los permisos legales necesarios para garantizar que en ellas se minimicen las emisiones contaminantes, esta valoración es compartida por Stavros Dimas, Comisario Europeo de Medio Ambiente.

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Las infracciones detectadas afectan a la Directiva de la UE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, cuyo objetivo es, como su título indica, prevenir y controlar las emisiones industriales que contaminan el aire, las aguas y el suelo. La Directiva disponía que, a más tardar el 30 de octubre de 2007, los Estados miembros expidieran nuevos permisos –o revisaran y, en caso necesario, actualizaran los ya existentes– para todas las instalaciones industriales que se hallaran en funcionamiento desde antes del 30 de octubre de 1999.

Los datos facilitados por los propios Estados miembros ponen de manifiesto que once de ellos siguen teniendo todavía un alto número de instalaciones industriales a las que no se le han expedido o actualizado los permisos necesarios. Esas instalaciones representan más de 4.000 de las aproximadamente 52.000 a las que se dirige la Directiva en toda la Unión.

A ocho de esos once Estados miembros se les envío ya el pasado mes de mayo una primera carta de emplazamiento. Ahora recibirán un segundo apercibimiento por escrito, que es el último paso antes de ser llevados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Los ocho Estados miembros en cuestión son Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal.

En el caso español, el plazo, fue prorrogado, para todas las empresas que solicitaron la autorización antes del día 1 de enero de 2007, por un plazo máximo de seis meses, plazo terminado el 30 de abril de 2008, con esta prorroga podrían continuar en funcionamiento de forma provisional hasta que se dictase una resolución, siempre que cumpliesen todos los requisitos de carácter ambiental exigidos por la normativa sectorial aplicable.

Para Ecologistas en Acción está claro que las empresas afectadas, después de más de 12 años desde la publicación de la directiva, no han hecho más que apurar los plazos legales, de forma que fuese imposible adaptarse a las condiciones impuestas por la legislación dentro de los plazos establecidos, esta situación, unida a la complicidad de la administración, que en ningún momento ha plantado cara al chantaje al que la ha sido sometida; con la amenaza del cierre y de la pérdida de empleo; ha supuesto la concesión de las mencionadas autorizaciones a todas las empresas afectadas, de forma poco rigurosa, y en algunos caso sin cumplir los procedimientos establecidos.

Esto ha permitido su funcionamiento, a pesar de que no se han realizado ni siquiera las mínimas medidas de control propuestas en los proyectos. Todo esto es, según Ecologistas en Acción, una incorrecta aplicación de la legislación, por lo que ha presentado, ante la Comisión de las Comunidades Europeas, la correspondiente Queja por la mala aplicación de la Directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Queja que según comunicación de la secretaría General de la Comisión Europea ha sido enviada a la Dirección General de Medio Ambiente, para que inicie su tramitación.

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