El concurso eólico abrió ayer definitivamente una brecha en el Gobierno bipartito de la Xunta después de que los dos representantes socialistas en la comisión de evaluación se levantaran de la mesa tras alegar falta de transparencia en el proceso.
Noticias Troposfera.org
23/12/2008
El abandono de los funcionarios de Medio Ambiente y Urbanismo deja en una
difícil situación al equipo de expertos de la Consellería de Industria que,
según fuentes jurídicas, ha perdido la potestad para culminar sus trabajos.
De acuerdo con el decreto eólico de la Xunta, en el órgano que decida el
concurso debe haber miembros de esas dos consellerías, algo que no ocurre
desde la mañana de ayer.
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La última cita duró más que las de la semana pasada. Al comienzo de la
misma, el presidente de la comisión, Anxo Calvo, anunció su intención de
revisar la puntuación de todas las peticiones en una pantalla gigante
conectada a un ordenador portátil. Posteriormente, un programa informático
concluiría los trabajos de seis meses y facilitaría la lista definitiva,
según los criterios fijados previamente por la mesa.
El director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Salvador García,
capitaneó entonces la postura del PSOE en la comisión y planteó la necesidad
de poder disponer de la documentación técnica que justificara la decisión
que se estaba a punto de tomar. Además, planteó sus dudas sobre la legalidad
del procedimiento. Los representantes de Industria le propusieron disponer
de «tiempo ilimitado» para ver las puntuaciones, pero siempre con la
consigna de que de la reunión saliera una resolución definitiva. García
entregó entonces un documento en el que afirmó que procedía «ao abandono
desta comisión, por considerar que non se garante a aplicación da normativa
medioambiental básica». Además, pidió que el escrito quedara adjunto al acta
de la reunión. Posteriormente, la representante de Política Territorial,
Rosario Puente, subdirectora de Réxime Xurídico, también abandonó la mesa
ante la imposibilidad de ver la documentación, y expresó la conveniencia de
presentar un informe a la asesoría jurídica de la Xunta.
Por la tarde, Salvador García explicó en una rueda de prensa las razones
que lo llevaron a dejar la comisión. En su opinión, existen «dudas sobre la
seguridad jurídica del procedimiento», por lo que la consellería que dirige
Manuel Vázquez decidió «no seguir participando» en los trabajos. Según
García, desde el inicio existieron en la comisión «discrepancias internas
sobre el modo de interpretar la normativa medioambiental». A su juicio, el
hecho de autorizar molinos en áreas ajenas al plan sectorial vigente plantea
dudas jurídicas. No obstante, su decisión de dejar la mesa no se produjo
hasta ayer, al constatar que «no estamos de acuerdo con el procedimiento
global». «No podíamos revisar en un día proyectos que a ellos les llevaron
entre tres y seis meses», explicó, al tiempo que confirmó que en este
período solo tuvo acceso a «resúmenes» elaborados por los técnicos de
Industria.
A juicio del director xeral de Medio Ambiente, «un proceso de admisión a
trámite cuyos proyectos no son evaluados por el Gobierno gallego en su
conjunto puede causar quebrantos en las empresas aspirantes».
La decisión de García y Puente deja a la comisión sin potestad para poder
confeccionar una propuesta de resolución y enviársela al conselleiro de
Industria para su aprobación definitiva. El decreto del 3 de enero
determina, en su artículo 12.4, que la comisión «deberá estar integrada como
mínimo por representantes das consellerías con competencias nas materias de
enerxía, ambiente, montes e urbanismo». Fuentes jurídicas estiman que con la
renuncia del representante de Medio Ambiente y su colega de Urbanismo la
mesa podría estar deslegitimada para continuar con sus trabajos. «Habría, en
todo caso, que sustituir a la gente que ha dimitido», explicaban las fuentes
citadas.
Fuente:
La Voz de Galicia
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