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dic 14, 2008

Galicia: Las luces y las sombras de la historia de la energía eólica


El decreto eólico, que fue planteado como la ordenación definitiva del sector, podría concluir en un calvario judicial.

Noticias Troposfera.org

14/12/2008

Galicia era hasta hace poco la sexta potencia eólica del mundo y, pese al parón experimentado por el sector en los últimos tres años -debido a los cambios normativos- mantiene el liderazgo en España en cuanto a producción eléctrica, aunque ha perdido el primer puesto en potencia instalada en favor de la pujante Castilla-La Mancha.

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A partir del 2012, la Xunta pretende que el negocio del viento aporte el 4% del PIB. El concurso que esta próxima semana resolverá la Consellería de Innovación e Industria, la mayor adjudicación pública que se ha realizado jamás en Galicia, es esperado como agua de mayo por decenas de empresarios gallegos y foráneos que pretenden impulsarse en la energía del viento para salir de la crisis.

EL ORIGEN

Un negocio de rentabilidad desconocida al que le costó despegar en Galicia

El primer aerogenerador gallego fue instalado en Santa Comba hace justo un cuarto de siglo, en 1983. Fue una idea de Engasa, la asociación de pequeños distribuidores eléctricos, y sus propios promotores admiten 25 años después que resultó un completo desastre: el viento jamás sopló como se esperaba y una tormenta se llevó finalmente por delante la endeble torre, que no obstante ya forma parte de la historia energética gallega. Un año después, un grupo de universitarios catalanes fundaron Ecotecnia (hoy uno de los primeros fabricantes del mundo, con plantas en Narón y As Somozas) y conectaron sin permiso un molino de 30 kilovatios a la red eléctrica en el Bajo Ampurdá.

En Galicia hubo que esperar hasta 1987, cuando Endesa y la Xunta, a través de Gestenga (actual Inega), se pusieron de acuerdo para construir en Estaca de Bares 12 molinos de 30 kilovatios cada uno, en lo que podría considerarse el primer proyecto serio. Dos años después, Endesa y Fenosa instalaron otro prototipo en Cabo Vilán, germen del primer gran parque de la comunidad, con cinco megavatios. El despegue de la eólica gallega se produjo en los noventa, con la elaboración del primer Plan Sectorial Eólico de Galicia. Para sacarlo adelante, la Xunta dividió la comunidad en áreas de investigación y las repartió entre una decena de promotores, la mayor parte grupo energéticos foráneos.

EL DESPEGUE

El bum del sector: no existe transparencia y se dispara la especulación

A finales de la pasada década, la eólica ya es un gran negocio, impulsado por las primas que reciben las energías verdes, y a la Consellería de Industria, comandada por Antonio Couceiro, comienzan a llegar solicitudes de empresarios, ayuntamientos, funcionarios y conseguidores de todo tipo que solicitan permisos para instalar molinos en los montes gallegos. En pocos años se desencadena un proceso especulativo que genera movimientos de dinero por más de 2.000 millones de euros, una quinta parte del presupuesto de la Xunta. A finales del 2004, La Voz desvela que entre los adjudicatarios se encuentran firmas creadas dos meses antes de obtener las concesiones y constituidas con aportaciones de capital de menos de 4.000 euros, pese a que los permisos comprometen desembolsos de más de 70 millones. En ese año, el último de Fraga en el Gobierno, en Galicia hay concedidos más de 4.000 megavatios eólicos y la mitad ya han sido vendidos en forma de autorización, antes de clavar un solo molino en el monte. Las eléctricas, que originalmente resultaron agraciadas con solo el 29% de la potencia adjudicada, controlan ya el 62% tras pasar por el mercado de segunda mano. Hay casos de parques que han cambiado hasta tres veces de manos, triplicando cada vez su valor en el mercado.

EL BIPARTITO

Del «non caben máis» al proyecto estrella de Industria

En las negociaciones entre PSdG-PSOE y BNG para configurar un Gobierno bipartito, el Bloque se hace con Innovación e Industria, una maría en los Gobiernos del PP, que queda en manos del diputado de la UPG Fernando Blanco. La primera prioridad de los nacionalistas en materia energética es revisar las concesiones pendientes de la época anterior, frenar expedientes en marcha en los que se detecten incumplimientos y trasladar a la Fiscalía cualquier indicio de irregularidad. Como resultado de estas pesquisas resultan imputados por un presunto delito de tráfico de influencias el último director xeral de Industria con el PP, Ramón Ordás, y su cuñado Luis Castro Valdivia, beneficiado con parques eólicos y minicentrales hidráulicas.

Respecto al futuro del sector, el 29 de agosto del 2005 Blanco declara: «Galicia non pode soportar máis parques eólicos. Xa hai bastantes. A nosa idea é non facer máis, pero sí aumentar a producción enerxética, implementando as novas tecnoloxías nos aeroxeradores».

Poco después, en enero del 2006, la Consellería de Innovación cambia el paso, decide que la energía eólica es una industria estratégica para reducir la dependencia energética del carbón y el petróleo, y anuncia una refundación del negocio eólico en Galicia, con el objetivo de que en el 2012 el 95% de la energía que se consuma en la comunidad provenga de fuentes renovables. La primera idea pasa por nacionalizar el viento gallego. Para ello, la Xunta encarga un estudio técnico sobre la creación de la Sociedade Pública do Vento, que se quedará con el 50% de los nuevos parques que se instalen en la comunidad. Los temores a posibles trabas en Bruselas tumban ese proyecto, e Industria se centra en la elaboración de un decreto eólico, con rango de ley, según el cual los molinos se repartirán en concurrencia competitiva, es decir, se subastarán en un concurso de méritos y se premiará los proyectos que permitan la entrada de la Administración en su capital.

Las nuevas reglas de juego, fijadas en un borrador presentado por Fernando Blanco y Anxo Quintana en marzo del 2007 en el Hostal dos Reis Católicos, son claras: acabar con la especulación, para lo que originalmente se plantea que ninguna instalación pueda cambiar de propietario en los primeros cinco años; frenar la concentración del mercado, de modo que ningún operador pueda tener más del 25% del total de potencia instalada ni acceder a más del 25% de lo que se reparta en un concurso, y abrir el sector a todos los aspirantes que quieran entrar en el negocio del viento, para lo que se elaborará un nuevo plan sectorial en el que se incluirán nuevas áreas de investigación.

La Xunta anuncia también que, a diferencia de lo ocurrido en legislaturas anteriores, la Administración se asegurará ahora de que los beneficiados con nuevos parques cumplen con los planes industriales asociados a ellos. Con este decreto, el plan eólico se convierte en el proyecto estrella de la Consellería de Innovación e Industria, y quedará como uno de los grandes legados del Bloque en la legislatura que está a punto de concluir.

EL CONCURSO

Las grandes fortunas gallegas se apuntan a la eólica

La elaboración del decreto eólico se retrasa en el tiempo mucho más de lo esperado y la redacción final pule aspectos básicos del borrador. Las presiones de la industria, en forma de recursos judiciales, un dictamen del Consello Consultivo que detecta hasta ocho tachas de legalidad, y la necesidad de poner de acuerdo al ala socialista del bipartito, obligan al departamento que dirige Fernando Blanco a recortar parte de las exigencias. Así, finalmente la participación pública se convierte en un requisito puntuable, pero voluntario. Además, se eliminan las cláusulas anticoncentración y se suaviza el veto a las reventas de parques. La patronal que agrupa a casi todos los operadores del sector retira los recursos anunciados, aunque la consellería no se libra de un contencioso administrativo presentado por Endesa en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El decreto cumple un año

Con todo, el decreto eólico sale adelante el 13 de diciembre del 2007, hace justo ahora un año. De inmediato, Industria comienza a elaborar la orden que convocará el mayor concurso de la historia: 2.325 megavatios hasta llegar a los 6.500 que Galicia tiene comprometidos en el horizonte del 2012. Y al tiempo encarga la redacción de un nuevo plan sectorial que permita recalificar los montes en los que se instalarán los molinos de los nuevos aspirantes.

Las principales fortunas gallegas comienzan entonces a mostrar sus intenciones. Empresarios de los más diversos sectores se unen en proyectos conjuntos para acudir al concurso. El conselleiro de Innovación anuncia que el decreto eólico servirá, a través de los planes industriales asociados, para corregir un puñado de males endémicos jamás resueltos por la economía gallega, en terrenos como el forestal, el lácteo, las comunicaciones, las conservas o el naval.

La orden, del 17 de marzo de este año, no esconde sorpresas. La potencia final es recortada, porque es necesario reservar 98 megavatios a planes empresariales vigentes y otros 173 a empresas que, por motivos de planificación energética, no pudieron desarrollar su plan en los plazos marcados. La participación pública suma el 22% de la puntuación del concurso.

De forma paralela, Galicia aborta un intento del Ministerio de Industria de recuperar las competencias eólicas que ahora tienen las comunidades, otorgando a los grandes parques (de ámbito estatal) la misma prima que a los pequeños, competencia de la Xunta.

La demanda de aerogeneradores no tiene precedentes históricos. Al concurso se presentan 166 anteproyectos que demandan 30.495 megavatios, trece veces más de la potencia en liza. Fernando Blanco anuncia que los nuevos molinos traerán inversiones a Galicia por 5.000 millones de euros, contando los planes industriales asociados a los proyectos, y augura que el plan eólico será el gran bálsamo gallego contra la crisis económica.

Fuente: La Voz de Galicia

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