La Comisión Europea publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de 6 de diciembre de 2008 la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, que obliga a los Estados miembros a prever sanciones penales en su legislación nacional por las infracciones graves de las disposiciones del Derecho comunitario sobre protección del medio ambiente.
Noticias Troposfera.org
09/12/2008
La Comunidad considera preocupante el aumento de los delitos
medioambientales y sus efectos, que se extienden cada vez más fuera de las
fronteras de los Estados en los que esos delitos se cometen. Tales delitos
suponen una amenaza para el medio ambiente y, por lo tanto, requieren una
respuesta apropiada.
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La experiencia ha demostrado que los sistemas de sanciones existentes no
son suficientes para lograr el total cumplimiento de la legislación para la
protección del medio ambiente. Este cumplimiento puede y debe reforzarse
mediante la aplicación de sanciones penales que pongan de manifiesto una
desaprobación social de naturaleza cualitativamente diferente a la de las
sanciones administrativas o un mecanismo de compensación conforme al Derecho
civil.
Por esta razón, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el pasado mes de
mayo la
Directiva 2008/99/CE [
] en la que se establecen medidas
relacionadas con el Derecho penal para proteger con mayor eficacia el medio
ambiente, y que ahora se publica en el DOUE.
DELITOS
Los Estados miembros se asegurarán de que las siguientes conductas sean
constitutivas de delito, cuando sean ilícitas y se cometan dolosamente o, al
menos, por imprudencia grave:
- El vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o
las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes que
cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a personas o daños
sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de
las aguas o a animales o plantas.
- La recogida, el transporte, la valoración o la eliminación de residuos,
incluida la vigilancia de estos procedimientos, así como la posterior
reparación de instalaciones de eliminación, e incluidas las operaciones
efectuadas por los comerciantes o intermediarios (aprovechamiento de
residuos), que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas
o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la
calidad de las aguas o a animales o plantas.
- El traslado de residuos, cuando dicha actividad esté incluida en el
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1013/2006 relativo a los
traslados de residuos y se realice en cantidad no desdeñable, tanto si se ha
efectuado en un único traslado como si se ha efectuado en varios traslados
que parezcan vinculados.
- La explotación de instalaciones en las que se realice una actividad
peligrosa, o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados
peligrosos y que, fuera de dichas instalaciones, causen o puedan causar la
muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del
aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o plantas.
- La producción, la transformación, el tratamiento, la utilización, la
posesión, el almacenamiento, el transporte, la importación, la exportación y
la eliminación de materiales nucleares u otras sustancias radiactivas
peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a
personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o
la calidad de las aguas o a animales o plantas.
- La matanza, la destrucción, la posesión, la apropiación o el comercio de
especies protegidas de fauna o flora silvestres, a excepción de los casos en
los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos
ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de
conservación de su especie.
- Cualquier conducta que cause el deterioro significativo de un hábitat
dentro de un área protegida.
- La producción, la importación, la exportación, la comercialización o la
utilización de sustancias que destruyan la capa de ozono.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que
estos delitos se castiguen con sanciones penales eficaces, proporcionadas y
disuasorias.
La Directiva entrará en vigor el 26 de octubre de 2008 y los Estados miembros
deberán transponerla en sus respectivas legislaciones nacionales antes del 26 de
diciembre de 2010.
Fuente:
Euroalert
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