Los municipios de Castilla y León de a partir de 20.000 habitantes deberán tener aprobado su mapa de ruidos antes de junio de 2012 y el plan de acción correspondiente antes de julio del 2013, según el proyecto de la Ley del Ruido aprobado hoy jueves por el Gobierno autonómico.
Noticias Troposfera.org
30/10/2008
Esta es una de las novedades de este proyecto de ley, que reduce de 100.000
a 20.000 habitantes el umbral para el desarrollo obligatorio de los mapas de
ruido y planes de acción, según ha explicado el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, en rueda de prensa posterior al Consejo de
Gobierno.
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El texto, que pretende ser una "referencia esencial" en este problema que
afecta a la salud humana y sosiego público, recoge la creación de las
"entidades de evaluación acústica" como entes de titularidad pública o
privada que dispondrán de "las acreditaciones y medios adecuados para
realizar los controles de ruido".
El proyecto de ley, que sustituye al decreto de 2005 y recoge las
directivas europeas al respecto y la Ley básica estatal, también declara el
control del ruido "como un servicio de prestación obligatoria para la
administración autonómica, la provincial y la local", en el caso de
municipios a partir de 20.000 habitantes.
Se aplicará "a todos los emisores acústicos, públicos o privados, así
como a edificaciones" de la Comunidad, incluidas todas las actividades
domésticas, que la normativa estatal excluye.
El proyecto de ley también fija los criterios para autorizar el
funcionamiento de emisores de ruido, y regula los requisitos que deben
cumplir las empresas para su autorización, con la obligatoriedad de
presentar un informe para la renovación de la licencia cada ocho años.
Asimismo, "establece objetivos de calidad y valores límite para
instalaciones existentes y nuevas -la estatal sólo se refiere a estas
últimas-, y obliga a que bares musicales y similares instalen sistemas de
limitación y control del ruido".
La norma tiene como objetivos prevenir, reducir y vigilar la
contaminación acústica, conseguir una mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, y poner al alcance de las administraciones instrumentos para su
logro.
El proyecto de ley, con seis títulos y 60 artículos, también recoge un
régimen sancionador para faltas muy graves, en los casos en los que se
superen en más de 10 decibelios los permitidos, las graves, más de cuatro, y
las leves, que afectan a cuestiones como que se instalen sistemas de alarma
y vigilancia sin autorización municipal.
Para las faltas muy graves las sanciones oscilan entre los 300.000 y los
12.000 euros; las graves entre esta última cantidad y los 601, y las leves
hasta 600 euros.
El proyecto delimita los tipos de áreas acústicas, que clasifica en
interiores y exteriores, desarrolla y regula todo lo referido a prevención y
corrección de la contaminación acústica y regula la actividad inspectora.
La norma, que deberá pasar ahora a la Cortes de Castilla y León para su
debate y aprobación, establece la distribución competencial entre la
administración autonómica, las diputaciones provinciales, y las entidades
locales, "apostando por la descentralización", según el portavoz del
Ejecutivo.
Fuente:
soitu.es
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