Una de las medidas que el presidente Zapatero propone para frenar la crisis económica es la agilización en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de obras públicas, de la que muchos proyectos dependen para seguir adelante. Esta propuesta ha sido presentada por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado en Moncloa, tras el cual ha anunciado que el objetivo de esta medida es reducir a seis meses el trámite del estudio de impacto ambiental, cuando la duración media actual es de unos 25 meses. Todo ello para acelerar las inversiones e infraestructuras y liberalizar la economía, aunque esto pueda suponer, en opinión de los ecologistas, un peligro para nuestro entorno natural.

17/08/2008

El estudio de impacto ambiental mide si un proyecto es o no compatible con la conservación del medio ambiente, y en base a su resultado, se concluye si es o no viable su construcción. A pesar de que la ministra Espinosa ha manifestado que esta medida "no supondrá menos garantías medioambientales y se seguirá exigiendo las mismas condiciones que hasta el momento", las reacciones a esta propuesta del Gobierno no se han hecho esperar por parte de las organizaciones ecologistas y del Partido Popular.

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En la entrevista que mantuvo la ministra con la agencia EFE, explicaba que "la mejora de la eficiencia de la tramitación ambiental tendrá una repercusión económica 'tremenda', ya que afecta a prácticamente todas las infraestructuras del país e inversiones industriales importantes" y añade, "pensemos que podemos estar hablando de tener colgados en la red 2.000 ó 3.000 proyectos, pero a lo mejor uno de ellos es un tramo del AVE o de un gasoducto". Para Espinosa, "el objetivo principal es acelerar la tramitación lo máximo posible para no frenar las inversiones, ya que hoy en día conllevan mucho tiempo", y ha detallado que se "establecerán plazos a los promotores de las infraestructuras u obras para la presentación de la documentación y una tramitación vía electrónica de la mayor parte del procedimiento.

No obstante, no todos parecen estar contentos con esta medida del Gobierno:

"La evaluación de impacto ambiental va a perder sentido y credibilidad"

- Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción:

"El estudio de impacto ambiental es el único sistema que permite analizar y garantizar que los proyectos no vayan a tener unos impactos ambientales elevados. Agilizar este proceso equivale a convertirlo en un mero trámite que hay que hacer lo más rápido posible. No es una decisión política que se pueda hacer en un día. El estudio necesita un tiempo y una valoración basada en criterios técnicos, no políticos. La sensación que da la ministra es que quiere agilizar los trámites lo más rápido posible para dar salida a muchas obras que posiblemente están paradas por tener una evaluación de impacto negativa".

"Los proyectos se tienen que someter a un procedimiento para ver si son o no viables. Si el proceso se tramita con prisas pondrá en duda el sentido y la credibilidad de las declaraciones de impacto ambiental. Hacerlo más rápido quiere decir que se haga con menos control, con menos cuidado, lo que puede implicar que salgan declaraciones positivas en proyectos que tengan unos impactos ambientales importantes. Consideramos que es algo inadmisible y muy grave por parte del Gobierno. Estas medidas no tienen ningún sentido de cara a la crisis. Nuestro país está a la cabeza de Europa en número de autopistas y autovías por habitante y se están construyendo carreteras que son innecesarias. Con esta medida, se están saltando estos criterios de necesidad para poner en marcha proyectos que muchas veces no son necesarios y cuyos impactos ambientales pueden ser muy importantes".

"El medio ambiente se convierte en una víctima más de la crisis"

- Juan López de Uralde, director general de Greenpeace:

"Esta decisión está demostrando que la política medio ambiental se interpreta como un obstáculo al crecimiento económico. Los estudios de impacto ambiental son un trámite fundamental para salvaguardar los valores naturales presentes en nuestro territorio. Rechazamos la forma en que se está haciendo todo: estamos en agosto, cuando más gente está de vacaciones, así se evita que no haya muchas discusiones. Ni es el momento, ni es la forma para una propuesta de este calibre. Está claro que el objetivo de esta medida es reducir los criterios ambientales de los proyectos, con lo que desde Greenpeace somos muy críticos con esta acción. Esta propuesta convierte al medio ambiente en una víctima más de la crisis económica. De esta manera se va a forzar cualquier decisión por encima de cualquier espacio natural. Y encima la ministra no esconde ni el propósito. Es una auténtica traición del Gobierno a su programa electoral".

"Cuando paga el medio ambiente, también paga nuestra economía"

- Carlos Floriano, diputado del Partido Popular:

"Nos parece una medida que no va a ayudar a la situación económica de nuestro país, y va a poner en cuestión todo lo que es la normativa de protección de medio ambiente que debe ir acompañando a cualquier obra pública. No entiendo hasta qué punto la relajación de las medidas establecidas para las declaraciones de impacto ambiental pueden ayudar a solventar una crisis tan grave como la que tiene nuestro país. Ahora resulta que los responsables del parón económico son los requisitos que se exigen para las declaraciones de impacto ambiental de las obras públicas. Considero que esta medida es una manifestación más de un gobierno despistado, absolutamente desorientado, que está intentado sacar a nuestro país de una crisis muy profunda a base de ocurrencias y no de una política global que es la que se requiere en estos momentos".

"A Zapatero ya se le puede quitar la chapa de la lucha contra el cambio climático, uno de sus grandes objetivos de su programa electoral. El tema medioambiental sólo lo trata como marketing. Tenemos que tener claro que cuando paga el medio ambiente, también paga nuestra economía. Nuestro medio ambiente es una etiqueta para el resto del mundo, como país turístico que es España. El poner en cuestión el valor de nuestro patrimonio cultural repercute negativamente en nuestra economía. Con todo, nos parece muy desacertado lo que está haciendo este Gobierno".

Fuente: soitu.es

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