Consumen un 15% de la electricidad en España, piden el kilovatio barato y, al igual que en Finlandia o Rumania, afirman estar dispuestas a participar en la apertura de una nueva central nuclear.
Noticias Troposfera.org
14/05/2008
Las 40 empresas integradas en la Asociación de Grandes Consumidores de
Energía (AEGE) -cementeras como Cemex, siderúrgicas como Arcelor o químicas
como Solvay- se ofrecieron en septiembre al Gobierno a participar en la
construcción de una nueva planta. "Si las mismas multinacionales lo han hecho
en otros países de Europa, es que están dispuestas a hacerlo aquí", explica el
director de AEGE, Javier Penacho.
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Según fuentes del Ejecutivo, la propuesta no se tomó en serio y se dieron
largas. Si es un farol o no, será prácticamente imposible de comprobar. Pero
con este anuncio, las empresas reabren aún más el melón nuclear, a falta de
que el Gobierno o las eléctricas se unan. Las empresas son conscientes de que
el problema para construir nuevas nucleares no es tanto financiero como
político: la negativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, a reactivar esta fuente de energía.
La esperanza del lobby nuclear está en Finlandia. Este país modélico -los
mejores resultados educativos de la OCDE y con tecnología punta- ha optado por
construir una nuclear para reducir su dependencia energética de Rusia. La
planta, que acumula retrasos y se ha disparado de costes, fue posible gracias
a que los grandes consumidores de energía han puesto el 50% del capital. En
Francia y Rumania, la industria pesada ha optado por soluciones de este tipo.
En España, aunque lo que quiere el sector es electricidad barata -no entrar a
construir-, se ha impuesto la idea de que si ése es el camino, conviene
explorarlo.
En septiembre pasado, Penacho se reunió con el entonces ministro de
Industria, Joan Clos, y le trasladó la opción de financiar una nuclear.
Fuentes del Ejecutivo de entonces explican que se recibió la propuesta "como
una tormenta de ideas, un proyecto a largo plazo, más que algo concreto". Las
mismas fuentes consideran la operación arriesgada, porque en un proyecto así
las obras se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban, y los costes a
menudo se disparan: "Y se puede ir al garete por 10.000 razones". Penacho se
defiende: "Yo digo que estamos dispuestos. Somos multinacionales serias que
han hecho lo mismo en otros países. ¿Por qué no iban a hacerlo aquí?". Los
ocho reactores españoles producen un 20% de la electricidad.
La oferta de la industria se produce en medio del temor de que en julio
desaparezcan las tarifas que limitan el precio que pagan por la electricidad.
"Si pudiéramos importar electricidad hidráulica de Noruega o nuclear de
Rumania o Francia, no necesitaríamos esto. Pero en Europa no existe un
verdadero mercado eléctrico", denuncia Penacho.
En España no se inaugura una nuclear desde hace 20 años y, aunque existe la
llamada "moratoria", no supone ningún impedimento legal para abrir nuevas
plantas. En realidad, es una compensación que pagan los consumidores en la
factura de la luz a las eléctricas para que no construyeran las centrales (Valdecaballeros,
Lemóniz y Trillo II) que tenían previstas en los ochenta.
Las eléctricas ahora ganan mucho dinero con las nucleares (hasta 600.000
euros diarios netos con una central de 1.000 megavatios). Pero se endeudaron
enormemente para levantarlas.
Nada impediría, por ejemplo, que Unión Fenosa planteara construir una
nuclear en el emplazamiento de Zorita (en desmantelamiento desde 2006), ya
calificado como nuclear. Pero es mucho menos complicado amortizar una central
de gas de ciclo combinado (se construye en pocos años) o un parque eólico, por
el que reciben más dinero.
El anuncio oficial de la industria pesada mete más presión sobre un debate
en alza. La seguridad de suministro energético y la lucha contra el cambio
climático juegan a favor de la nuclear; los residuos radiactivos o la
proliferación nuclear, en su contra.
El Ejecutivo baja el tono
"Soy el más antinuclear del Gobierno". La frase, pronunciada por el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una reunión con los
ecologistas el 14 de junio de 2005, suena lejana. Zapatero, que en mayo de ese
año prometió un "plan de cierre" de las nucleares, ha ido rebajando el tono
antinuclear. En su discurso de investidura dijo: "Las decisiones que adopte la
Unión Europea" serán tenidas en cuenta "para determinar la posición española
sobre la energía nuclear".
El cambio se acentúa por la salida del Ejecutivo de Cristina Narbona,
abiertamente antinuclear, en un contexto en el que el Gobierno tiene una única
decisión pendiente de relieve: prorrogar o no la vida de Garoña (Burgos), que
en 2011 cumple 40 años de funcionamiento -sólo tiene permiso hasta 2009-.
Esta misma semana, Zapatero ha evitado el debate. El presidente andaluz y
del partido, Manuel Chaves, propuso el lunes que la Ponencia Marco para el 37
Congreso del PSOE abordase un debate en profundidad sobre la energía nuclear,
pero Zapatero respondió que la posición del partido en este asunto ya está
plasmada en el programa electoral. Y ese texto habla de cerrar las centrales
"cuando concluya su vida útil". Lo que transmitieron antes de los comicios
representantes socialistas a las eléctricas fue que "dieran por perdida Garoña".
Ahora, en contra del criterio del Plan General de Residuos Radiactivos, hay
quien interpreta que el término "vida útil" no compromete a nada, que sólo
quiere decir que las plantas funcionarán mientras sean seguras. La decisión
sobre Garoña depende del Consejo de Seguridad Nuclear (si su dictamen es
negativo) y del Gobierno (si el CSN le da el visto bueno).
Fuente:
El País
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