La cifra no está cerrada, pero es el cálculo que manejan las compañías de seguros. Alrededor de seis mil empresas españolas deberán suscribir una póliza de riesgo ambiental con los que afrontar potenciales daños a los recursos naturales y hacer efectivo así el principio de «quien contamina repone» que recoge la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que entró en vigor el pasado mes de octubre pero aún está pendiente de desarrollo reglamentario.
Noticias Troposfera.org
28/02/2008
El reglamento, de hecho, será fundamental para la aplicación de la norma,
ya que establecerá de forma objetiva una evaluación de riesgos a partir de la
cual se determinará el daño potencial en función de la actividad que lleve a
cabo, su ubicación o los mecanismos preventivos que ha desarrollado, entre
otros factores. Este análisis será la base a partir de la cual se decidirá qué
compañías deberán suscribir o no el seguro.
De acuerdo con el baremo ya establecido, las empresas cuyo potencial de
daños al medio sea inferior a 300.000 euros quedarán exentas de la póliza; las
que se sitúen entre esta cifra y los dos millones de euros podrán elegir entre
suscribir la garantía financiera o adherirse a un sistema comunitario de
gestión y auditoría (Emas o ISO), mientras que para las que sobrepasen esta
cuantía será obligatorio contratar un seguro.
Eduardo Orteu Berrocal, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, explicó
ayer en la jornada sobre la Ley de Responsabilidad Ambiental, organizada por
la Facultad de Derecho de A Coruña, que el reglamento deberá estar listo a
finales de año. La obligatoriedad de suscribir un seguro ambiental, sin
embargo, no será efectiva hasta finales del 2010, ya que a partir de abril de
ese año la Administración dictará una serie de órdenes en las que se fijará el
calendario de aplicación por cada sector productivo afectado. La ley, en
cualquier caso, lleva en vigor cuatro meses y, hasta el momento, no se ha
aplicado en ninguna ocasión. «Ha habido episodios en las que sí se podría
haber aplicado, pero no se ha hecho. El reglamento es absolutamente
necesario».
La normativa española responde a la traslación de una directiva
comunitaria, solo que la ley española es mucho más completa que el texto
comunitario y establece la garantía económica para paliar potenciales daños,
lo que muy pocos países han recogido.
Pese a ello, Jesús Jordano Frag, profesor de Derecho Administrativo de la
Universidad de Sevilla, denunció importantes deficiencias. De la normativa
quedan excluidos los productos -transgénicos, por ejemplo- de los que el
juicio científico actual asevera que no presentan daños. Sin embargo, si este
daño se descubre treinta años después, ya no será posible reclamar.
Fuente:
La Voz de Galicia
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Troposfera.org declina cualquier responsabilidad sobre el contenido de la información extraída de otras fuentes, las cuales son siempre citadas. Así mismo, su publicación no pretende reflejar la postura u opinión de Troposfera.org sobre el tema tratado.
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