El sector eléctrico está desplegando toda su artillería contra el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó hace una semana y, por el cual, se minorarán los ingresos extras que obtengan las eléctricas por trasladar a los precios del mercado el valor de los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente. La medida que coincidirá con el periodo de vigencia del segundo Plan Nacional de Asignación (PNA), de 2008 a 2012, supondrá la resta a las compañías de 1.446 millones de ingresos sólo el próximo año, según sus propios cálculos y los de Industria. La estrategia, individual, pero, sobre todo, a través de Unesa, se ha planteado por doble vía: la política y la judicial. De momento, y en tan sólo una semana, la primera ya ha dado resultados: el grupo popular y CiU han confirmado a 'CincoDías' que votarán contra la convalidación del real decreto ley que está prevista para el 20 de diciembre, tras ser calificada por la Mesa del Congreso el martes pasado. Por su parte, fuentes del PNV aseguran que 'se lo están pensando'. Si estos tres partidos sumaran sus votos, la norma podría decaer.

14/12/2007

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