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31/10/2007
En esta misma legislatura el Gobierno aprobó también la Estrategia Española
de Calidad del Aire que comprende un conjunto de iniciativas de muy diversas
naturaleza, desde la modernización y actualización del marco jurídico -como la
aprobación de hoy por parte del Parlamento de la nueva Ley de Calidad del Aire
o recientemente la transposición de la cuarta Directiva ‘hija’ sobre distintos
contaminantes atmosféricos-, pasando por el diseño de planes específicos y
mejora de fuentes de información e instrumentos de gestión hasta mecanismos de
colaboración de iniciativas para potenciar la investigación, como por ejemplo
el Plan Nacional Español de Reducción de Emisiones de las Grandes
Instalaciones de Combustión (PNRE-GIC) o el Plan Nacional de Techos que se
presentó ante la última Conferencia Sectorial incluyendo un programa de
actuaciones concretas y que se aprobará a principios de 2008.
Dentro de las actuaciones del Gobierno en relación con esta área, además se
ha derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas (RAMINP) de 1961, y se ha adoptado el compromiso de elaborar una
Ley de movilidad sostenible que incluirá, en el marco del diálogo social
establecido, la obligación de la puesta en marcha de planes de transporte de
empresa que reduzcan la utilización del automóvil en el transporte de sus
trabajadores, fomenten otros modos de transporte menos contaminantes y
contribuyan a reducir el número y el impacto de estos desplazamientos.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SALUD
La contaminación atmosférica continua siendo motivo
de una seria preocupación en España y el resto de Europa porque existen
niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud
humana y el medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones urbanas.
Según un reciente estudio de la Comisión Europea, la
contaminación atmosférica causa en Europa 350.000 muertes prematuras al año,
de los que 16.000 corresponden a nuestro país.
En España, las evaluaciones de la calidad del aire
demuestran que nuestros principales problemas son similares a otros países
europeos, aunque en algunos casos agravados por nuestras especiales
condiciones meteorológicas (mayor radiación solar que favorece la
contaminación fotoquímica y por tanto, la formación de ozono, la resuspensión
de partículas por escasez de lluvia, etc) y geográficas (episodios de
intrusiones de partículas de origen sahariano).
Las zonas donde existen los mayores niveles de
contaminación son las grandes ciudades donde las emisiones del tráfico de
vehículos son las principales responsables de la contaminación y puntualmente
algunas zonas industriales. Las partículas (PM), los óxidos de nitrógeno (NOx)
y el ozono troposférico (O3) son las sustancias más problemáticas para la
salud de la población.
Un reciente estudio del Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE) sobre la calidad del aire de las ciudades
refleja que vivir en ciudades con altos niveles de contaminación reduce la
esperanza de vida e una franja que puede ir desde unos meses hasta los dos
años, además de incrementar el riesgo de padecer enfermedades del aparato
respiratorio.
Según el OSE, en España 13 ciudades presentaban
concentraciones medias anuales de NO2 superiores al valor límite anual para la
protección de la salud humana establecido por la UE y que entrará en vigor en
el año 2010.
Por todo ello se ha sustituido la vigente Ley de
Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1972 (desfasada por la
Constitución, por las normativas comunitarias e internacionales), al objeto de
dotarnos de una legislación básica acorde con las circunstancias y exigencias
actuales que suponga un avance en la reducción de la contaminación.
El objetivo de la Ley es contribuir a alcanzar y
mantener un nivel de protección elevado de las personas y del medio ambiente.
A tal efecto se inspira en los principios de cautela y acción preventiva, de
corrección de contaminación en la fuente y de quien contamina paga.
OBLIGACIONES PARA AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
La nueva norma recoge el modelo de gestión de la
calidad del aire vigente en Europa basado en la fijación de objetivos de
calidad, la evaluación periódica, la zonificación por parte de las autonomías
de su territorio según los niveles de contaminación, identificando las áreas
que superen los niveles permitidos. La Ley establece obligaciones para los
municipios con población superior a 100.000 habitantes, como la de disponer de
instalaciones y redes de evaluación, informar a la población sobre los niveles
de contaminación y calidad del aire o elaborar planes y programas para el
cumplimiento de los objetivos de calidad del aire.
Asimismo, la ley fija que si se superan los niveles
de contaminación, las CCAA y ayuntamientos deberán elaborar planes de
reducción que serán determinantes en los instrumentos de planeamiento
urbanístico y de ordenación del territorio. Esta obligación está ya hoy
vigente para un número limitado de contaminantes, pero la nueva Ley la
extiende a todos los contaminantes para los que se fijen objetivos de calidad
del aire. Asimismo, la Ley refuerza de modo muy importante la efectividad de
dichos planes al considerarlos determinantes para los instrumentos de
planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio, de modo que si estos
instrumentos contradicen a los planes de calidad del aire, la decisión deberá
motivarse y hacerse pública.
Paralelamente establece distintos instrumentos para
controlar las emisiones de actividades y productos y regula procedimientos de
inspección, así como el correspondiente régimen sancionador. Además, como
complemento de las medidas citadas incorpora otras más novedosas, ya que la
lucha contra la contaminación requiere el concurso de múltiples acciones en
diversos ámbitos. Por ello, la Ley contempla diferentes instrumentos de
fomento de la protección de la atmósfera como son: acuerdos voluntarios,
sistemas de gestión y auditorías ambientales, investigación, desarrollo e
innovación y formación y sensibilización pública.
ENFOQUE INTEGRAL Y REDUCCIÓN DE BUROCRACIA
Por otra parte es una ley integral en la medida que
se ocupa de las diferentes causas (fuentes y contaminantes) y problemas de la
contaminación (de salud, ambientales y materiales). La Ley perfecciona un
instrumento de prevención ya previsto en la normativa española y europea, como
es el sometimiento de ciertas actividades a un régimen de intervención
administrativa. Por un lado, establece un catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y a partir de ahí, decide
someter a aquellas categorías de actividades a un régimen de intervención
administrativa de las CCAA en los términos que éstas determinen. Con este
nuevo planteamiento la Ley responde a un enfoque integral al incluir en el
catálogo todas las fuentes potenciales de contaminación, incluido el tráfico.
Se establece un sistema nacional de información,
vigilancia y prevención para que las Administraciones públicas dispongan de la
información precisa para cumplir esta ley. Se asigna su coordinación al
Ministerio de Medio Ambiente y se incorpora la obligación del Gobierno de
establecer reglamentariamente un Sistema de Inventario General acorde con las
directrices y criterios comunitarios e internacionales vigentes.
Tras la aprobación definitiva de la Ley, se
elaborará un nuevo reglamento que sustituya al vigente de 1975 con el fin de
sistematizar y codificar las normas, evitando así la dispersión y
fragmentación para poder facilitar su cumplimiento.
FISCALIDAD VERDE
La Ley ha incluido una modificación para establecer
a partir del 1 de enero de 2008 un sistema en el impuesto de matriculación que
toma en consideración criterios ambientales en lugar de la potencia de
cilindrada (como rige actualmente). De acuerdo a los criterios establecidos,
la propuesta del Gobierno consiste en aplicar los siguientes baremos en el
impuesto de matriculación:
• <120 g CO2/km: 0% en el impuesto de matriculación
• ≥120<160 g CO2/km: 4,75%
• ≥160<200 g CO2/km: 9,75%
• ≥200 g CO2/km, motos acuáticas y quads: 14.75%
En esta misma línea y aunque no aparezca en la Ley,
en el contexto de una resolución del último Debate del Estado de la Nación, el
Gobierno ha asumido también en el Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia, la evaluación de la
modificación del impuesto de circulación para fijarlo con base en las
emisiones de CO2 en vez de la potencia y clase del vehículo. Antes del fin de
2007 el Ministerio de Economía y Hacienda elaborará un informe para la
evaluación de la modificación.
Fuente:
Ministerio de Medio Ambiente
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