Cerca de 3.000 empresas en España carecen de la autorización ambiental integrada imprescindible para que mañana puedan seguir realizando sus actividades dentro de la Unión Europea (UE), ya que este martes 30 de octubre finaliza el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que 5.000 industrias españolas obtuvieran e implantasen esta autorización. Las empresas infractoras podrían ser multadas por las regiones con el pago de hasta dos millones de euros. Según Ecologistas, la estricta aplicación de la norma supondría la pérdida automática de un millón de empleos directos y el 10 por ciento del Producto Interior Bruto. 'El deslizamiento de esta fracción productiva a la 'economía informal' conllevaría un coste para las empresas de entre 600 y 6.000 millones de euros sólo en multas que paradójicamente, deben imponer las propias comunidades autónomas que han sido incapaces de hacer cumplir la norma', apuntaron.

28/10/2007

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