El Defensor del Pueblo ha vuelto a advertir "de nuevo este año" a las Administraciones Públicas de su "renuencia" a actuar en muchos casos en los que existe una contraposición entre los intereses económicos y el respeto al medio ambiente y señala que lo que más denuncian los ciudadanos es el ruido.

Así, la institución que dirige Francisco Fernández Marugán denuncia que la Administración adopta decisiones que implican un control de las actividades "exclusivamente formal" o bien "tan apegado a la letra de la ley" que "se desvirtúa" y que además impone a los particulares obligaciones de prueba respecto a las violaciones de la normativa vigente que hace "muy difícil" a los ciudadanos demostrar que existe dicha violación.

En concreto, precisa que esto es "especialmente destacable" en los casos de contaminación acústica, en especial del ruido generado por infraestructuras públicas y "muy señaladamente" cuando los generadores de ruido son aeropuertos y tráfico aéreo.