El director del Museo Arqueológico del Castillo de San Antón (A Coruña) José María Bello trabajó durante 14 años en un despacho con una alta concentración de radón sin saberlo. Respirar el aire viciado por este gas radioactivo le provocó un cáncer de pulmón. El 24 de junio de 2010, recibió un correo del jefe de Servicio de Cultura en el que le comunicaba: “Los niveles de radón en tu despacho son muy elevados, deberías plantearte un traslado provisional a las instalaciones de la entrada”. Las mediciones llegaron en momentos puntuales a superar los 2.000 bequelerios por metro cúbico (Bq/m3) cuando la OMS plantea como nivel de referencia 100 y una directiva europea lo aumenta a 300.

Los expertos estiman que alrededor de 250.000 edificios en toda España pueden estar afectados por este gas que emana del suelo en zonas ricas en granito, en el noroeste y este del país. Al aire libre se diluye y resulta inocuo, pero dentro de oficinas y viviendas es cancerígeno si alcanza altas concentraciones. Para saber qué nivel de exposición se sufre, hay que medirlo y ahí España incumple porque no ha aplicado la directiva europea con medidas para la protección contra este derivado del uranio.

El catedrático y director del Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Cantabria Luis Quindós, afirma que España está en el vagón de cola con respecto a Europa. “Empezamos las mediciones hace 30 años y desde entonces se han controlado unas 12.000 viviendas (de las alrededor de 250.000 que podrían estar afectadas) y para estar al nivel europeo deberíamos haber llegado, al menos, a las 40.000. En Francia, por ejemplo, han controlado en ese mismo periodo unas 80.000 ”. El goteo de inmuebles revisados continúa, de momento, a idéntico ritmo.

Los habitantes de zonas en las que se acumula el radón (Galicia, Extremadura o la sierra norte de Madrid) saben que deben ventilar mucho. Pero eso no sirve si la concentración de este elemento nocivo es alta. En esos casos (con niveles superiores a 600 bequelerios por metro cúbico), hay que succionarlo del suelo y dispersarlo por el exterior. En lugares cerrados se acumula y al respirar las partículas se depositan en las células de las vías respiratorias, donde pueden dañar el ADN y provocar cáncer de pulmón. Si se fuma, el riesgo se multiplica. La OMS estima que es la causa más importante de ese tumor maligno después del tabaco, y que está detrás de entre un 3 y un 14% del total de estos cánceres en el mundo, dependiendo de la concentración de gas que exista en el país y de la cantidad de fumadores.

Las cantidades más altas se dan en minas, cuevas, balnearios o plantas de tratamiento de aguas. La OMS recomienda un nivel de referencia medio nacional de hasta 100 Bq/m3, mientras que la directiva europea —todavía no traspuesta— sube la cantidad a 300, tanto para los lugares de trabajo como para otros recintos cerrados como las viviendas.

Nadie discute la peligrosidad del radón, pero España sigue sin trasponer a su normativa la directiva europea que marca las normas de seguridad para proteger a los ciudadanos de esta sustancia, a pesar de que el plazo expiró en febrero del año pasado. “La adhesión a la norma es vital”, comenta Quindós. “El cambio sería brutal, entre otras cuestiones porque se frenaría la construcción de casas en las que se acumula el gas al obligar a emplear elementos constructivos que mitiguen su presencia”, señala.

Fuentes del Ministerio de Sanidad informan de que existe un borrador del Plan Nacional de Acción frente al Radón en el que trabaja un grupo de expertos de diferentes ministerios, porque la directiva no afecta solo al radón sino que incluye otras radiaciones ionizantes. En paralelo, el Ministerio de Fomento está tramitando la modificación del Código Técnco de Edificación, “para minimizar los riesgos de la exposición al radón en edificios de nueva construcción”. La OMS indica que mejorar la ventilación del forjado, instalar sistemas de renovación del aire mecánicos o sellar el piso y las paredes reducen los niveles en interiores en más de un 50%.

Quindós espera que la normativa salga adelante y achaca la situación actual a que los poderes públicos “han obviado el problema durante muchos años”. El pasotismo ha sido de tal magnitud que el catedrático sostiene que su grupo de estudio del radón se ha mantenido por la financiación de proyectos europeos y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Problema oculto

España cuenta con un reglamento de protección sanitaria para radiaciones ionizantes en los lugares de trabajo, que “no se cumple en la mayoría de los casos”, explica Pedro Cobo, responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios de UGT de Cantabria. El sindicalista espera que la aplicación de la directiva permita sacar a la luz el problema del radón “muy desconocido en el ámbito laboral” y que se mida como ocurre con otros factores de riesgo como la luz o el ruido.

La falta de datos, añade Cobo, se refleja en el registro del Ministerio de Industria donde deberían encontrarse todos los centros de trabajo que están afectados por radiación ionizante de origen natural. “A fecha 31 de diciembre de 2017 había solo 75 empresas y eso es imposible dado el número de negocios que existen en España en lugares con riesgo de radón”, se queja. Además, la directiva debería obligar a que los controles recaigan en la Inspección de Trabajo, “no como ocurre ahora que dependen del Consejo de Seguridad Nuclear que no cuenta con los medios”, dice. El citado organismo no ha dado a EL PAÍS la cifra de las inspecciones realizadas por este motivo, debido a “su complejidad”.

La aplicación de la nueva directiva afectará a los municipios, que se deberán comprometer más. Torrelodones (Madrid) es uno de los pocos pueblos implicados en los controles. El municipio de 23.000 habitantes se extiende por una de las zonas afectadas por el radón y controla las concentraciones de algunos edificios desde 2000. Los medidores se mantienen entre tres y cuatro meses en invierno, cuando la acumulación de gas es mayor debido a que las viviendas están más cerradas, explica Rubén Eguiluz, técnico de Protección Civil. “Aunque no podemos instalar detectores en todas las casas, los vecinos nos pueden consultar cualquier duda”.

El museo que dirigía Bello en A Coruña acumulaba radón por la noche. Al llegar la mañana y abrirse sus puertas al público, el gas se diluía y bajaba la concentración, según el informe de 2011 de la empresa encargada de las mediciones. El documento señala que los edificios no estaban equipados con sistemas de ventilación forzada.

En 2017, el directivo se sometió a una operación en la que le extirparon parte de un pulmón. Ahora se encuentra bien. “Tuve suerte porque el tumor estaba muy localizado”, explica. Solicitó la incapacidad temporal debido a su enfermedad —ahora está jubilado— que le concedieron en agosto de 2018 por “accidente laboral”. Ni siquiera está contemplado como enfermedad laboral.

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