En los artículos de la Ley frente al cambio climático cuestionados por el Gobierno central se abordan, entre otras cuestiones, el ámbito de aplicación de la normativa, el objeto y la naturaleza jurídica del Plan Andaluz de Acción por el Clima, el Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética, la contratación pública "verde", medidas de mitigación "de aplicación transversal" y "específicas por áreas estratégicas".

En el artículo 30, referido a la contratación pública "verde", se establece que "las entidades del sector público a las que son de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, promoverán la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo energético" mediante medidas como "la incorporación, siempre que el contrato lo permita, de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética", o "el establecimiento de criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución que tengan debidamente en cuenta el impacto ambiental que genera cada producto o servicio durante todo el ciclo de vida".

También, "el establecimiento de criterios de adjudicación que valoren preferentemente los procesos de reducción, reutilización y reciclaje de los productos, y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos de producción, comercialización y distribución de los mismos"; "la contratación de suministro eléctrico de energía certificada de origen renovable", y "la adquisición o alquiler de vehículos híbridos o eléctricos, siempre que sea técnicamente viable".

Otro de los artículos sobre los que el Gobierno expresa discrepancias --el número 41-- establece la creación del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER) como "instrumento para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía".

Ante las "discrepancias" expresadas por el Gobierno sobre dicha regulación andaluza, ambas administraciones han decidido designar un grupo de trabajo "para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar estos acuerdos al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".

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