La respuesta no tiene tanto que ver con la recaudación como con el cambio paulatino de los comportamientos sociales. En palabras del coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, las tasas ecológicas son una herramienta útil para "reconducir la situación" y desincentivar las prácticas que generan daños en el medio ambiente.

Un buen ejemplo es la propuesta de imposición sobre los hidrocarburos, que, para los principales grupos ecologistas del país, se presenta imprescindible en el ocaso del diésel. Lo mismo ocurre con otras medidas ecofiscales como el anhelado impuesto sobre los cambios del uso del suelo, que pretende penalizar la conversión del suelo no urbanizable a urbanizable.

La vía de los impuestos se tiende a interpretar de forma negativas, pero tal y como explica el director de Conservación de WWF, Enrique Segovia, la realidad es que también se busca desgravar "las prácticas y actitudes que son beneficiosas para el medioambiente". De esta forma, las empresas que apuesten por servicios que cuenten con certificados ecológicos tendrán un "premio" fiscal.

La premisa es clara, los impuestos deben servir para cambiar las conductas de consumo y los ciclos productivos de los diferentes sectores del país. Por ello, detalla Segovia, la fiscalidad ecologista debe tener un carácter mucho más transversal, en tanto que a día de hoy este tipo de tasas están limitadas al sector energético y a los transportes. "Es necesario que se abra el abanico para incluir otros elementos como la intensificación de la ganadería y agricultura, la gestión forestal dentro de las medidas ecofiscales", reclama el experto.

Justicia social

"Hay propuestas verdes que pueden repercutir en la gente desfavorecida, por eso se debe proponer una reforma fiscal en la que se tenga en cuenta las diferencias sociales", explica a Público la responsable de Investigación e Incidencia de Greenpeace, Alicia Cantero, que apuesta por un modelo fiscal que garantice cambios en las conductas más nocivas con los límites biofísicos del planeta, pero también por una línea impositiva que garantice un equilibrio social.

En ese sentido, la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, establece una norma que se debe atender a la hora de legislar: "Hay que impulsar esa máxima de que quien contamina tiene que pagar". La activista medioambiental es consciente de que los impuestos "interpelan a la vida cotidiana" y por ello el peso mayoritario de los tributos verdes tiene que recaer en las empresas "más contaminantes".

"Las medias descontextualizadas son malentendidas y se pueden interpretar como otra vuelta de tuerca en contra de los derechos las clases desfavorecidas”, añade Segura, para recalcar que todo este tipo de gravámenes "tienen que estar ligados a mecanismos de redistribución ecológica".

Una idea que también es compartida por el responsable de Gobernanza Medioambiental de SEO/BirdLife, David Howell, quien recuerda la importancia de que este tipo de políticas fiscales se hagan "desde el enfoque de la justicia social". El experto reconoce que existen opciones muy válidas como las rebajas al IVA de los productos sostenibles y los gravámenes de los alimentos industriales. De esta forma, además, se podría terminar con esa que vincula los artículos ecologistas con una forma de consumo elitista.

En virtud de ello, los grupos medioambientales ponen énfasis en el carácter "pedagógico" de los impuestos y en cómo estos pueden cambiar las conductas sociales, incentivando que los comportamientos de las personas viren hacia el uso del transporte sostenible, el consumo de alimentos de origen extensivo o la contratación de planes energéticos basados en las renovables.

Más allá de ello, hay también un factor recaudatorio por lo que desde los grupos ecologistas reclaman que estas medidas se establezcan como impuestos finalistas, de tal manera que el dinero no vaya destinado a una caja común: "Consideramos que los impuestos tienen que invertirse en mejoras ambientales".

España, a la cola de Europa

"Estamos a la cola de Europa", denuncian desde WWF. Pese a que el Ejecutivo de Sánchez impulsó la creación de un ministerio de Transición Energética, la realidad es que España sigue saliendo mal parada si se compara con el peso que tiene la ecofiscalidad en el resto de países de Europa.

Según datos manejados por Greenpeace, tan solo el 5% de los ingresos que el Estado percibe tienen que ver con recaudación sujeta a criterios ambientales y ecológicos. "Somos el 25º de la Europa de los 28 en imposición ambiental”, advierte Cantero.

Por su parte, Howell pone el foco en la realidad internacional para evidenciar los atrasos y carencias que hay en España. Tanto es así, que el experto de SEO/BirdLife hace mención a los informes de la Comisión Europea y a la evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE de 2015 para recalcar que las instituciones y organismos "también han llamado la atención" a España para que tome cartas en el asunto cuando antes.

En consecuencia, Ecologistas en Acción, WWF, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y Greenpeace van a presentar ante las instituciones 30 propuestas ecofiscales para “avanzar hacia un mundo más justo y sostenible”. Desde las asociaciones explican que hay grandes expectativas en la acogida de las medidas, sobre todo a nivel autonómico y municipal, ya que muchas de ellas pueden desarrollarse a escala local.

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