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Después de que el Consello de la Xunta aprobara la declaración de interés especial para 18 proyectos eólicos, vinculados a las subastas renovables, la tramitación de todos ellos y de las 14 infraestructuras de evacuación asociadas ya está en marcha, según ha anunciado el presidente del gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Los parques sumarán 409 MW de potencia instalada.
Los nuevos parques eólicos deberán estar finalizados el 31 de diciembre de 2019 para cumplir con los requisitos de la subasta estatal, o sus derechos decaerán. Conllevan una inversión privada de unos 450 millones de euros y la creación de 6.000 empleos durante la fase de construcción, según explicó Núñez Felijóo. Supondrán, asimismo, una nueva fuente de ingresos para los ayuntamientos donde se ubiquen, pues recaudarán cerca de 700.000 euros anuales más en concepto de canon.
Según concretó el presidente, de estos 409 megavatios que se tramitarán, Gas Natural Fenosa solicita 186,9 MW; Endesa Enel Green Power, 92; Norvento, 116,6; y Inverolica de Abella, 14. La mayor parte de los ayuntamientos en los que se instalarán están ubicados en Lugo, aunque algunos también irán a municipios de A Coruña y Pontevedra.
Estos 409 megavatios se complementarán después con otros 200 megavatios más, según las estimaciones. Galicia cuenta a fecha de hoy con 3.300 MW eólicos
Seguridad para todos
La declaración de interés especial que va a permitir agilizar su tramitación es una figura introducida por la Ley de implantación empresarial que permite reducir a la mitad los plazos de tramitación de los parques eólicos, así como blindar las garantías jurídicas y ambientales.
Además según expuso Feijóo, esta ley también supone una mayor transparencia gracias a la creación de un Registro eólico gallego en el que se incluyen todas las nuevas solicitudes de parques, las que están en tramitación y los parques ya en funcionamiento.
El presidente añadió que la Ley de implantación empresarial redunda también en una mayor seguridad para los promotores de los parques, que ahora tienen la certeza total de que la autorización de construcción estará lista en tres años y el inicio de la explotación, en un máximo de otros tres.
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