La presidenta de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Maite Costa, advirtió ayer de que este organismo regulador vigilará que la implementación del Protocolo de Kioto no repercuta en un mayor coste para el consumidor de energía en España.
14/11/2005
"Hay que evitar que el impacto negativo del Protocolo de Kioto se traslade al consumidor final y la CNE estará vigilante en este aspecto", señaló Costa.
La presidenta de la CNE hizo estas declaraciones en la inauguración de unas jornadas sobre la aplicación en España del Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional para reducir el nivel de emisiones de dióxido de carbono, que organizó ayer la Cámara de Comercio de Barcelona.
"La CNE está elaborando todo tipo de informes para que la aplicación del Protocolo de Kioto no suponga una pérdida de eficiencia y se traslade en un aumento de costes para los consumidores", detalló.
Para Costa, la solución es "introducir medidas de eficiencia energética en todo este proceso, que ha de ser un compromiso colectivo".
Avisó de que "el Protocolo de Kioto -al que se ha adherido España- puede suponer un impacto negativo sobre la calidad del suministro, la competencia y el precio de la energía", y destacó que esta reducción de las emisiones tendrá un fuerte impacto sobre el sector energético español.
La presidenta de la CNE reconoció que por ahora España está lejos de los objetivos de Kioto, por el cual el Gobierno aceptó aumentar las emisiones de dióxido de carbono sólo un 15 por ciento entre el 2008 y el 2012 en comparación con el año base del acuerdo, 1990.
"En el 2001 las emisiones en España ya se habían incrementado un 32 por ciento en comparación con el año de referencia, mientras que en el 2004 este aumento ya se había situado en el 45,6 por ciento", explicó la responsable del organismo regulador.
Sin embargo, para Costa se han producido avances, en especial gracias a la implementación de las energías renovables y a las nuevas tecnologías, "y se conseguirá bajar el peso de la energía en el conjunto de emisiones de dióxido de carbono, que ahora está en el 32 por ciento y, en el caso concreto de la electricidad, en el 25 por ciento".
Costa señaló que este esfuerzo resultará especialmente meritorio porque la previsión de aumento de la demanda de electricidad entre 2006 y 2011 se situará en el 35 por ciento.
Describió tanto los objetivos del Protocolo de Kioto -reducir el nivel de emisiones en comparación con 1990 en un 8 por ciento para el período 2008-2012- y las medidas legales que ha puesto en marcha España para su cumplimiento, tales como un Registro Nacional de Derechos de Emisiones y un gestor técnico del sistema, en este caso Iberclear.
"Es clave cómo el Gobierno realice las asignaciones de derechos de emisión para las empresas", reconoció Costa, quien explicó que las asignaciones deben seguir el doble criterio de la eficiencia energética y la eficacia económica.
El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, comentó que "en el futuro deberá contemplarse la alternativa de la energía nuclear, que, si bien no tiene del todo resuelta la gestión de los residuos, es la manera más limpia, económica y segura de generar energía".
Fuente: Finanzas.com
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