La decisión de cese de la actividad, tal y como explicó la empresa propietaria de la central de Garoña, se ha tomado tras conocer el texto final de la ley de medidas fiscales publicado en el BOE el 28 de diciembre, confirmando la aplicación retroactiva del nuevo impuesto nuclear. Esta situación supondría que la sociedad entre en una de las causas de disolución previstas por la legislación sobre sociedades, precisó Nuclenor, empresa participada por Iberdrola y Endesa Generación al 50 por ciento.

EL IMPUESTO A PAGAR

La empresa titular de la central resaltó en el comunicado que la magnitud del impuesto a pagar situaría a Nuclenor en patrimonio neto negativo. Ante este escenario la empresa señaló que "la única decisión responsable" de los administradores para salvaguardar los derechos de los trabajadores y la capacidad económica para acometer el desmantelamiento es "el cierre inmediato" de la instalación.

No obstante, el Consejo de Nuclenor, informó de que ha presentado una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda para que confirme la aplicación retroactiva del nuevo impuesto, en función de la cual se ha adoptado el acuerdo. A la vista del resultado de la consulta, Nuclenor llevará a cabo las acciones que corresponda y, de ratificarse los términos sobre la retroactividad de la ley, se confirmaría que la única decisión que podrían tomar es la del cierre definitivo, antes de la entrada en vigor de la ley.

Además, la empresa propietaria de la central destacó que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo fue informado de las consecuencias que tendría el Proyecto de Ley sobre Nuclenor y del contenido del dictamen elaborado por Ernst & Young (auditor de cuentas de Nuclenor), que indica que esta decisión sería tremendamente significativa para la sociedad, hasta el punto de que probablemente la colocaría en una situación de patrimonio neto negativo.

En estas condiciones, la opinión de la empresa auditora sobre las cuentas anuales de Nuclenor correspondientes al ejercicio 2012 incluiría lo que técnicamente se conoce por una incertidumbre por "gestión continuada". Esta situación señalaría que existen dudas sobre la continuidad de la empresa, ya que la entrada en vigor de un impuesto sobre el combustible nuclear representaría para Nuclenor el desembolso de 152,8 millones de euros, lo que significaría que el patrimonio de la Sociedad pasaría a ser negativo, agrega la nota.

Leer noticia en fuente original: noticiasdegipuzkoa.com