En una nota remitida a Efe, el diputado Antonio Rodríguez Osuna advierte de las "dramáticas" consecuencias que esta medida tendrá sobre la economía productiva, los ayuntamientos, las empresas del sector y los ciudadanos, provocando "un mayor crecimiento del desempleo y una caída del Producto Interior Bruto de la región".

Por ello, exige al Gobierno de Extremadura que convoque "urgentemente" a los presidentes de los grupos parlamentarios y a los agentes sociales y económicos de la región para liderar una posición "conjunta y única" frente al Ejecutivo nacional y con el fin de salvaguardar el interés de la región.

A su juicio, el decreto aprobado ayer por el Gobierno parece redactado en los despachos de las grandes compañías eléctricas para favorecer el consumo eléctrico de fuentes de generación de energía no renovable como la nuclear, "de la que son estas distribuidoras exclusivos propietarios".

Estima que Extremadura perderá más de 3.800 millones de euros de inversión, más de 3.000 puestos de trabajos directos, el ingreso del 4 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del 2 % de canon urbanístico del total de la inversión en las arcas de los ayuntamientos, entre otros recursos.

Argumenta que el nuevo Real Decreto supone el cierre definitivo a la posibilidad de instalación de parques eólicos en Extremadura, a lo que une un "mazazo" a la biomasa, ya que en esta fuente de energía renovable no se habían cubierto aún los cupos del año 2010, según precisa.

Según Rodríguez Osuna, el potencial de la biomasa en la región y su impacto económico sobre las zonas rurales y la cohesión territorial desaparece, "dejando huérfana no solo la posibilidad de la instalación de la industria, sino la de miles de futuras hectáreas de cultivos energéticos".

En termosolar, añade, están "en riesgo" los más de 60 proyectos pendientes de entrar en el registro de preasignación, pues en principio el nuevo Real Decreto no afectas a las 19 ya preasignadas, de las cuales 5 no están todavía en construcción, según detalla.

Sobre la energía fotovoltaica, el diputado socialista apunta que se ve afectada menos respecto al anterior decreto, ya que los cupos eran pequeños, pero "cercena" expectativas a futuros proyectos de inversión.

Ante este panorama, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de pronunciamiento en el Parlamento para exigir al Ejecutivo central que cumpla con los objetivos comprometidos en el Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible (ADESE) incluido el Pacto Político y Social de Reformas para Extremadura.

El PSOE informa además de que en el trámite parlamentario de convalidación del Real Decreto Ley, en el Congreso de los Diputados, se podría decidir la tramitación como proyecto de ley y tener así la posibilidad de presentar enmiendas.

La más importante para Extremadura, en su opinión, sería diferenciar el tratamiento a la biomasa, permitiendo nuevas inscripciones en el registro hasta que, al menos, se alcancen los objetivos que España se había fijado para el 2010.

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