La decisión del Gobierno, sin embargo, no ha gustado nada a la asociación AMAC, donde se agrupan cerca de 70 municipios cercanos a las centrales nucleares españolas. El viernes felicitaron a Villar de Cañas, pero este martes, reunidos 21 alcaldes de la asociación, han tachado de “injusta” la decisión del Gobierno y han anunciado que la impugnarán. “Los alcaldes estaban muy molestos, se ha tomado la decisión sin contar con ellos, que han participado en todo el proceso con la mejor voluntad. Opinan que no se han tenido en cuenta las condiciones económicas ni técnicas de los municipios para emitir el fallo”, explica Gerardo Casado, responsable de comunicación de AMAC.

Entre esas características, Casado menciona la cercanía a una central nuclear o el hecho de tener ferrocarril, “algo que abarataría los costes de transporte. No se ha concedido suficiente peso a determinadas características que, en principio, eran importantes”. De hecho, Villar de Cañas no partía con ventaja, ocupaba solo el cuarto lugar, por detrás de Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) o Yebra (Guadalajara), pero se ha llevado el gato al agua. “En realidad, la decisión se ha basado exclusivamente en consideraciones políticas, consenso entre una comunidad autónoma y el Gobierno”, sigue Casado.

A pesar de todo, la asociación comprende que el Gobierno tiene la última palabra, pero tratará de que sus servicios jurídicos tengan éxito al impugnar la decisión. El enfado no es solo por la suerte de Villar de Cañas, sino porque no se han atendido otras reivindicaciones históricas de los pueblos que conviven con las centrales. “Al inicio de este proceso, los municipios colaboraron con el Gobierno, querían conseguir el almacén nuclear, sí, pero también mejoras en los planes de emergencia de las nucleares y cierto desarrollo económico para estas zonas en un futuro, es decir, alternativas para cuando las centrales desaparezcan. Nada de esto se ha tenido en cuenta”, explica Casado.

Los representantes de la asociación han solicitado una reunión con el ministro de Industria, José Manuel Soria, pero ya no se conformarán “con buenas palabras”. “La impugnación sigue en marcha. Solo cabe echarse atrás si no se consiguen las mejoras de las que se ha hablado durante todo este proceso”, zanja Casado.

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