De esta forma, el cementerio nuclear no irá finalmente a la localidad valenciana de Zarra, otra de las poblaciones candidatas a albergar el silo.

El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, insistió ayer mismo en el rechazo del Gobierno valenciano a la instalación del ATC en suelo de la Comunitat. El Consell "ha sido claro desde el primer día: no queremos que ese tipo de instalaciones vengan a la Comunitat", afirmó.

Por su parte, los vecinos de la localidad valenciana de Zarra están expectantes ante el anuncio que hará el Gobierno sobre la ubicación del almacén. Aunque muchos de sus habitantes dicen estar a favor de una instalación que generaría "muchísimos puestos de trabajo", otros --entre los que figuran los miembros de la plataforma contra el ATC en Zarra-- creen que el silo es peligroso y que acabará con la riqueza del valle.

El ministro Soria ha planteado su propuesta al Ejecutivo, en la última reunión de 2011, cuando se cumplen dos años desde que su predecesor en el cargo, Miguel Sebastián, abriera el proceso de presentación de candidatos, el 29 de diciembre de 2009 con la intención de que el Gobierno decidiera el municipio definitivo "a principios de verano" de 2010, aunque finalmente el exministro acabó su mandato sin que se resolviera la cuestión.

Los municipios que, en principio, parecían tener más posibilidades, Zarra y Ascó, habrán sido superados --de ser aprobada la propuesta del ministro de Industria-- por Villar de Cañas, que quedó cuarta en número de puntos en el informe de candidatos.

Concretamente, este análisis dio 736 puntos a Zarra (Valencia); 732 puntos a Ascó (Tarragona); 714 puntos a Yebra (Guadalajara); 692 puntos a Villar de Cañas (Cuenca); 628 puntos a Melgar de Arriba (Valladolid); 626 puntos a Santervás de Campos (Valladolid); 622 puntos a Congosto de Valdivia (Palencia) y 576 puntos Albalá.

En septiembre de 2010, Sebastián propuso al Consejo de Ministros a Zarra (Valencia) como su apuesta definitiva pero en la reunión del Ejecutivo, según trascendió en su momento, se encontró con la oposición de varios de los ministros y, en particular, de la entonces vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega.

La construcción del ATC fue propuesto al Gobierno por el Congreso de los Diputados en 2004 pero no fue hasta la llegada de Miguel Sebastián cuando el Ejecutivo tomó la propuesta en firme.

El ATC servirá para almacenar de forma temporal --unos 60 años, según el proyecto-- los residuos radiactivos de alta actividad y combustible gastado, así como otros residuos que se generen en las centrales nucleares al término de su vida útil. A mediados de este mismo año, la Unión Europea ha aprobado una Directiva que obliga a cada estado miembro a hacerse cargo de sus propios residuos radiactivos.

En la actualidad, en España se está desmantelando la central nuclear de José Cabrera (Guadalajara) y los residuos de alta actividad de la central de Vandellós I se están almacenando en Francia a un coste de unos 65.000 euros diarios, por lo que en 2011 se ha ingresado al país vecino, aproximadamente unos 2,3 millones de euros.

Mientras, los residuos de José Cabrera se ubican en un almacén temporal individualizado (ATI), al igual que los de Trillo y los de Ascó, cuyas piscinas de almacenamiento de combustible tienen ya poca capacidad más.

La instalación

El diseño del ATC español se inspira en el HABOG (Holanda) y está planteada como una estructura modular de 283 metros de largo, 78 de ancho y 26 de ancho, que contará con unos conductos de salida de aire de 45 metros de altura respecto al nivel del suelo y cuyo presupuesto para su desarrollo y construcción son unos 540 millones de los que el 25 por ciento serán para la obra civil; un 50 por ciento para componentes mecánicos y el 25 por ciento restante, en equipamientos de otros sistemas, ingeniería, supervisión y puesta en marcha. La inversión inicial llegará a los 255 millones de euros.

Además de unos 700 millones de euros de inversión, el ATC prevé emplear a unas 300 personas durante los cinco años de su construcción y contempla la construcción asociada de un centro de investigación y un parque empresarial, destinado a la investigación de conocimientos y tecnologías sobre gestión de combustible y los residuos radiactivos de alta actividad.

Se trata de una instalación industrial que exigirá una superficie de 20 hectáreas, unas 13 para el ATC y de 5 a 7 para el centro tecnológico asociado.

Villar de Cañas

Sobre la propuesta de Soria, la de elegir a Villar de Cañas (Cuenca), los terrenos propuestos por el Ayuntamiento de la localidad son de tipo rústico o uso agrario y no cuentan con ningún tipo de protección ambiental, ni presencia de hábitats de especies en peligro de extinción, ni de Parques Nacionales, Naturales o espacios de la Red Natura 2000. Sin embargo, en el entorno, a 8 kilómetros está La Laguna El Hito, que está protegida por la red Natura 2000.

El Ayuntamiento, en su candidatura aseguró un plazo de disponibilidad inmediato en la zona conocida como 'La Carbonera' y ha justificado el acuerdo con los propietarios. Los terrenos se ubican en una zona llana, sin terremotos destructores catalogados en un radio de 160 kilómetros y, en un radio de 15 kilómetros hay tres seísmos catalogados cuya magnitud no supera 3,2 grados de magnitud ni 3 grados de intensidad.

Los Ecologistas califican la decisión del Gobierno de "precipitada"

Greenpeace y Ecologistas en Acción han asegurado que la decisión del Gobierno de llevar el almacén de residuos radioactivos Villar de Cañas (Cuenca) es "precipitada" y refleja, a su juicio, que el Ejecutivo sigue "el dictado" de la industria nuclear.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de energía y cambio climático de la organización ecologista, Carlos Bravo, también ha criticado el momento en el que se ha producido esta decisión --en época navideña-- y el hecho de que no se haya tenido en cuenta la valoración que realizó la comisión ministerial ad hoc sobre los futuros candidatos, donde Villar de Cañas quedó en cuarta posición, superado por Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara).

Por todo ello, ha reiterado que se trata de una decisión "precipitada" que "favorece a las industrias eléctricas y nuclear, en contra de la ciudadanía", porque el almacén temporal centralizado (ATC) es "una instalación peligrosa".

La organización ecologista también rechaza el ATC porque el coste económico es mucho mayor al de otras opciones, como el Almacén Temporal Individualizado (ATI) en los que además desaparece el riesgo derivado del transporte de residuos nucleares.

En este sentido, la responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha recordado que "cuesta 20 veces más construir un cementerio nuclear que almacenes temporales en las propias centrales" ya que, según la organización, el coste estimado del ATC es de unos 2.000 millones de euros, en los que se incluyen la construcción, el mantenimiento y el transporte de los residuos nucleares.

Por el contrario, Greenpeace argumenta que el coste de los ATI es menor ya que en España sólo sería necesaria su construcción en las centrales de Garoña (Burgos), Cofrentes (Valencia), Almaraz (Badajoz) y Vandellós (Tarragona).

La organización señala que, teniendo en cuenta que el coste de cada uno de ellos es únicamente de unos 25 millones de euros, debido a que el mantenimiento es mínimo y el transporte innecesario, la diferencia de costes hace "inexplicable" que se escoja está opción en momentos de recortes económicos severos.

Respecto a los residuos nucleares alojados en Francia, motivo por el cual el Estado español entrega en concepto de "fianza" 60.000 euros diariamente, Greenpeace considera que pueden ser realojados en un ATI. En ese momento, Francia devolvería al Estado español el 90 por ciento del dinero aportado.

Por su parte, el portavoz de nucleares de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, ha señalado que la decisión del Ejecutivo corresponde "a un motivo político y a los deseos del PP de echar una mano a la industria nuclear", además de cuestionar la rapidez con la que se ha resuelto este asunto, ya que el Congreso de los Diputados instó al Ejecutivo a poner en marcha este proyecto a finales de 2006.

Leer noticia en fuente original: levante-emv.com | europapress.es