El programa incluye medidas como cambios en la factura eléctrica y mejora de la infraestructura y la imposición de tasas sobre vehículos y combustibles, así como un notable incremento del incentivo económico para la retirada de vehículos antiguos contaminantes.

También animará a las empresas de transporte público a comprar autobuses menos contaminantes y lanzará un proyecto piloto con tres de ellos urbanos alimentados por GLP (Gas Licuado del Petróleo), al que de momento se opone el Ministerio de Seguridad Pública.

Se destinarán 60 millones de shekels (casi 16 millones de dólares) a las compañías que adopten programas para que sus empleados se pasen al transporte público o compartan vehículo.

Asimismo se ofrecerán descuentos en los carreteras de peaje para el transporte público y los vehículos de alta ocupación, se subvencionará la compra de automóviles híbridos y se gravarán los combustibles en función de sus niveles contaminantes.

El objetivo es reducir de forma sustancial las emisiones de los gases más contaminantes y ahorrar así a las arcas públicas parte de los 8.000 millones de shekels (2.141 millones de dólares) que le costará en una década tratar las enfermedades causadas por la polución del aire, según estimaciones del ministerio.

El plan tiene un coste estimado de 690 millones de shekels (184 millones de dólares).

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