El área barcelonesa incumple los niveles de polución que fija la normativa de la UE desde que esta entró en vigor, en 2009. El nuevo plan, que traza la ruta hasta 2015 para alcanzar los objetivos que fija Bruselas, será remitido a la UE sin garantía de éxito. "Cumplir la ley dependerá de los ayuntamientos", ilustró Querol.

Esta inhibición, decidida por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige Lluís Recoder, va en sentido inverso al de Europa: unas 130 ciudades de los principales países -Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda, entre otros- ya aplican medidas para restringir el tráfico como única vía para frenar drásticamente la polución.

La contaminación supone un problema sanitario que causa 3.500 muertes prematuras al año solo en el área de Barcelona; incumplir los niveles de la UE se traduce además en sanciones económicas aún por concretar que acabarán pagando los contribuyentes. Los niveles de polución han provocado una investigación de la fiscalía para determinar si la Generalitat actúa debidamente para resolver el problema.

El plan proyectado por Recoder incluye una cuarentena de medidas bien acogidas por los expertos, pero consideradas complementarias. Contempla decretar normativas para que las policías locales de los municipios puedan sancionar los vehículos que contaminen más de lo permitido. También prevé premiar a los vehículos limpios mediante descuentos en peajes y garajes públicos, básicamente.

En el mejor de los casos, calcula el plan, las emisiones se reducirán entre el 16% y el 20% en los próximos cinco años. "Optamos por una vía lenta, pero la vía rápida supone aplicar restricciones sobre casi la mitad de los vehículos", señaló Farran. A menos que los municipios acuerden limitar el tráfico urbano, medida impopular que la Generalitat prefiere no abordar, Recoder se limitará a aprobar un plan que asume que el área de Barcelona seguirá excediendo los niveles de polución fijados por la UE hasta 2015 y más allá.

El plan no aporta medidas de peso ni las promueve: instar a los ayuntamientos a crear áreas restringidas al tráfico, de hecho, es una imposición recogida en el Plan Estatal para la calidad ambiental que Recoder se limita a traspasar, sin pronunciarse sobre el asunto, a los ayuntamientos catalanes.

El departamento, sin embargo, insiste en descartar la necesidad de aplicar restricciones de tráfico. "Podríamos exigir requisitos que implicaran este tipo de prohibiciones pero afectaría a la mitad de vehículos y quizá no es sostenible para los ayuntamientos", defendió Farran. La Generalitat insiste en que la problemática del área barcelonesa es distinta de la de otros países europeos porque cerca del 70% de vehículos en Barcelona son diésel, mientras en Berlín apenas rondan el 30%. Por ello, razona el departamento dirigido por Recoder, el Gobierno catalán apuesta por reforzar el transporte público y fomentar el uso de vehículos limpios.

Los vehículos diésel pueden emitir hasta cuatro veces más polución -esencialmente dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas contaminantes (PM10)-. "Considerando el parque de vehículos barcelonés, no podemos importar las políticas de restricciones que impulsan otros países", insistió Farran en una argumentación que contraría a los expertos. "¿Será más lista la Generalitat que el resto de Gobiernos europeos? ¿Ha encontrado la solución mágica al problema?", ironizó Querol. Este asume que otros países como Italia tienen un problema similar al barcelonés -Roma, Milán, Nápoles y Palermo, entre otras, aplican restricciones a un parque de vehículos principalmente diésel- y han demostrado que imponer restricciones sigue siendo la medida más efectiva. "Berlín solo tiene el 30% de diésel porque aplican restricciones a vehículos de este tipo desde hace años", señala el investigador. "El plan de la Generalitat no garantiza cumplir los niveles de la UE, aunque avanza en otros aspectos complementarios", admite Querol, que está asesorando al Ayuntamiento de París para aplicar restricciones al tráfico a partir de 2012.

Es una senda parecida a la iniciada por el anterior Gobierno tripartito, que se lanzó a limitar la velocidad en los accesos a Barcelona. La medida, que levantó protestas de los conductores, redujo las emisiones alrededor del 11%, según estudios científicos. La medida se desechó poco después de la llegada de CiU a la Generalitat a finales del año pasado. El Gobierno de Artur Mas justificó que Territorio y Sostenibilidad elaboraría medidas compensatorias para reducir la polución. En lugar de concretarlas, Recoder se ha puesto de lado para que el asunto pase de largo hasta los ayuntamientos.

El embrollo refleja además la compleja gestión de la polución, fenómeno que requiere una mejor coordinación entre las distintas administraciones. "Si yo corto el tráfico en el centro urbano y el municipio vecino no, me llevaré el coste político pero no servirá de nada: los contaminantes cruzan las ciudades de todos modos", señaló ayer el alcalde de un municipio del área barcelonesa que pidió anonimato para ilustrar la difícil situación en que la Generalitat deja a los ayuntamientos.

Eléctricas y cementeras de Barcelona reducirán su actividad en episodios de alta contaminación

Las centrales de generación eléctrica y las industrias cementeras situadas en el área metropolitana de Barcelona reducirán hasta el 50% de su actividad durante los episodios de alta contaminación para contribuir a mejorar las condiciones ambientales. Es una de las medidas que aplicará el Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2011-2015 que ha presentado esta tarde el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Luis Recoder. El documento, que la Generalitat pretende aprobar antes de 2012, avanza en la concreción de procedimientos para atenuar la polución cuando las áreas urbanas, especialmente Barcelona, alcancen niveles críticos de contaminación.

Los principales contaminantes, particularmente el dióxido de nitrógeno, se considera perjudicial para el sistema respiratorio a partir de los 400 microgramos por metro cúbico, pero la UE considera que puede generar afecciones a la población a partir de los 200 microgramos. A partir de estos criterios, la Generalitat proyecta activar los protocolos de emergencia a partir de los 140 microgramos. En función del panorama de la situación atmosférica -previsiones, vientos y zonas urbanas afectadas, entre otros factores-, el Gobierno catalán aplicará una serie de medidas que pueden llegar a afectar a la industria del área metropolitana.

El Gobierno catalán notificará la situación de alerta a Red Eléctrica Española, organismo que gestiona el consumo de electricidad en el país, así como a las cementeras y plantas eléctricas afectadas, propiedad de Endesa y Gas Natural. El protocolo afecta a las tres cementeras de la zona (instaladas en Montcada, Sant Vicenç dels Horts y Sant Feliu de Llobregat) y las plantas del puerto y de Sant Adrià del Besòs. Cuando la contaminación atmosférica alcance niveles límite, estas deberán reducir su actividad para rebajar entre el 10% y el 30% el nivel de emisiones. En una segunda fase, la Generalitat contempla que desciendan hasta el 50%, caída de la producción que garantizará en todo momento el suministro eléctrico.

El nuevo plan también contempla la implicación de los municipios del área barcelonesa, la mayoría de los cuales no ha concretado aún ningún tipo de plan de emergencia para las situaciones de alta contaminación atmosférica. En caso de alerta por polución, los municipios implicados deberán asumir distintas medidas, entre ellas restringir las operaciones de las obras públicas que generen contaminantes, como por ejemplo aquellos trabajos de maquinaria pesada que emita niveles relevantes de partículas contaminantes. También quedarán paralizadas otras operaciones que impliquen la emisión de polución, como asfaltar las calles.

Los municipios también deberán incrementar medidas que favorezcan disipar los contaminantes, como aumentar el regadío de las calles y zonas en obras, para reducir la presencia de partículas suspendidas en la atmósfera, e incrementar el control sobre actividades industriales que contribuyan a empeorar las condiciones atmosféricas.

La Generalitat tiene un problema con la excesiva contaminación que registran los principales núcleos urbanos de Cataluña, problema sanitario que causa unas 3.500 muertes anuales en el área barcelonesa. La UE exige que la media de dióxido de nitrógeno (NO2) no rebase los 40 microgramos por metro cúbico: se trata de un gas irritante causado por el tráfico que puede agudizar y hasta provocar enfermedades cardiorrespiratorias. En el área barcelonesa, sin embargo, la media oscila entre los 41 y los 65 microgramos. Otras localidades de la segunda corona barcelonesa, como Granollers, Sabadell, Terrassa, Mollet y Martorell, entre otras, también rebasan los límites legales: registraron entre 41 y 54 microgramos de media de dióxido de nitrógeno.

ICV amenaza con denunciar al Govern

El diputado de ICV-EUiA en el Parlament y portavoz de la comisión de Territorio y Sostenibilidad, Joan Boada, ha asegurado este viernes que su formación denunciará al Govern de la Generalitat ante la Unión Europea si no cumple los umbrales de calidad del aire que dictan las directrices europeas.

Ha señalado que a la Generalitat "ni le preocupa la salud de las personas, ni ha puesto ninguna medida de actuación obligatoria cuantificada que garantice la reducción del 20% de partículas de nitrógeno para el año 2015".

Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, ha tachado al Gobierno de irresponsable por renovar la licencia de Ascó para 10 años "sin haber superado las pruebas definitivas de los tests de estrés".

"Este es el legado que nos deja Zapatero en Catalunya en tiempo de descuento de la legislatura", ha lamentado Herrera, que ha recordado que la central de Ascó es la que acumula más incidentes en España.

Además, ha cargado contra el Govern de la Generalitat por mantenerse en silencio ante esta decisión "que afecta de forma grave a Catalunya".

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