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La comisión mixta del Congreso-Senado para el Estudio del Cambio Climático ha concluido su trabajo con la aprobación de un mandato en el que insta al próximo Gobierno a elaborar una Ley de Cambio Climático. La votación llevada a cabo esta mañana ha sido respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios.
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el estudio del cambio climático, ha respaldado -con los 23 votos a favor del PSOE, Entesa Catalana, PNV, CiU, IU-ICV y la abstención del PP-, el informe de la ponencia de estudio que dicha comisión parlamentaria lleva elaborando cerca de un año y que, entre otras medidas, aboga por una fiscalidad ambiental y reclama la redacción de una Ley de Cambio Climático, informa Europa Press. El amplio documento ha sido coordinado por el diputado socialista Fernando Moraleda después de años de escuchar a expertos internacionales en la materia. Moraleda afirma que "el PP se han desmarcado incluso de la derecha europea y se ha convertido en un reducto del negacionismo".
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino "tomará en cuenta" las 101 recomendaciones para luchar contra el cambio climático que ha aprobado hoy por mayoría la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático, con la abstención del PP.
Así lo han señalado fuentes del Ministerio en relación al documento de conclusiones aprobado hoy en el Congreso, y fruto de más de dos años de trabajo en los que diputados y senadores han conocido cuales serán las consecuencias del cambio climático en España de mano de numerosos expertos y científicos.
Sobre las 101 recomendaciones contenidas en el Informe General de la Comisión, el MARM destaca la importancia de que se elabore una Ley de Cambio Climático, "que aborde de manera integral los retos y oportunidades de la transformación de los patrones actuales de producción y consumo en modelos bajos en emisiones".
De la misma forma, el Ministerio considera que incorporar los presupuestos y el cálculo de la huella de carbono como elementos básicos de referencia de una nueva contabilidad, harán posible la plena integración de los costes ambientales en las actuaciones públicas y privadas.
Por su parte, Medio Ambiente considera que la revisión del sistema fiscal que la Comisión Mixta propone permitirá dar las señales adecuadas a los inversores facilitando la implantación de nuevas tecnologías y hará posible un reparto más equitativo de los recursos naturales y ambientales.
El Ministerio valora también el establecimiento de objetivos ambiciosos con el horizonte 2050 (una reducción de emisiones en el sector energético en un 100%), y considera que están en la línea de las iniciativas que se están poniendo en marcha en la Unión Europea.
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, ha criticado la abstención del PP en la votación del documento y la postura expresada por ese partido de no apoyar una reducción del 30% para 2020 en la Unión Europea ni asumir compromisos vinculantes de reducción de emisiones tras 2012 -cuando expira el Protocolo de Kioto- si el resto de países desarrollados no lo hacen.
Morán considera que con esta postura, el PP "retorna 15 años atrás", "lo que supondría para España un alejamiento de las estrategias de acción que defienden la mayoría de los países de la UE, un abandono de las apuestas de oportunidad económica que muchos gobiernos incorporan ya a sus proyecciones de futuro, y una ruptura total con los compromisos de sostenibilidad".
La posición del PP respecto a las negociaciones internacionales de cambio climático supone, a juicio de Morán, "una discrepancia radical con la mayoría de los parlamentos europeos, y de los gobiernos en buena parte conservadores", y "refleja un alejamiento de las preocupaciones de la ciudadanía".
El Partido Popular ha enseñado hoy sus intenciones en la política del cambio climático. En la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático, los populares se han desmarcado del acuerdo y han presentado su voto particular, en el que consideran que proyectos de reducción de emisiones de empresas españolas en el exterior han sido "un fiasco" y avisan de que con la situación económica actual no pueden apoyar de momento que la UE vaya a un recorte de emisiones del 30% (frente el 20% actual). Esto supone un cambio drástico respecto a la actual postura del Gobierno, que sí apoya a Reino Unido, Francia y Alemania en la petición de que la UE amplíe el recorte de emisiones.
El PP ha registrado su voto particular, que propone un viraje en la política internacional española. El PP se muestra crítico con el sistema usado por el Gobierno y empresas españolas (como Endesa e Iberdrola) para reducción sus emisiones en China e India. "El principal sistema usado por las empresas españolas y el Gobierno para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, en China e India, ha sido un fiasco y el resultado un aumento de las emisiones globales", afirma el documento, en alusión al agujero de Kioto que ha permitido a las empresas europeas compensar sus emisiones en países en desarrollo de forma ficticia, solo sobre el papel sin un recorte real de emisiones.
Los populares consideran que la UE no debe ir más allá del 20% de reducción de emisiones "hasta que se disponga y evalúe el estudio de la Comisión Europea sobre el análisis coste-beneficio de las consecuencias en los Estados Miembros de ir más allá de una reducción del 20% de gases de efecto invernadero" en 2020 y resaltan que "en los momentos actuales hay que ser especialmente cuidadosos con el empleo y por tanto con introducir nuevos factores de coste diferencial para nuestra industria". Así, según lo apuntado en este documento, un eventual Gobierno del PP tras el 20-N quedaría alineado dentro de la UE con Polonia e Italia, que han bloqueado hasta el momento el intento europeo de llevar el objetivo hasta el 30% de reducción de emisiones en 2020 respecto a 1990.
Los populares consideran en su documento que "la reducción de emisiones generada por efecto de la crisis y el consecuente descenso de la actividad productiva no debe utilizarse como escenario normalizado, o punto de partida, para imponer un incremento del compromiso de reducción de emisiones. Ello supondría normalizar la grave situación de desempleo en España, asumirla estructuralmente y condenar el futuro de cientos de miles de desempleados de los sectores industriales y sectores dependientes que la crisis ha provocado".
La portavoz del PP en la comisión mixta, María Teresa de Lara, ha explicado su postura: "Estamos a favor de reducir emisiones pero de forma que creen empleo". Además, considera que el anuncio de Francia y Alemania de ampliar el recorte de emisiones "es un brindis al sol", que apoyan los ministros de Medio Ambiente, no los de Energía. "Las emisiones han bajado por la crisis y algo por las renovables. Considerar que esa bajada es permanente es creer que la economía no va a crecer".
Por todo, el PP se muestra en contra de "adquirir nuevas obligaciones vinculantes en el seno de la Unión Europea, para el período posterior al 2012, si no existe un compromiso global de todos los países desarrollados, de similar intensidad, en términos cuantitativos y de esfuerzos financieros y que los países en desarrollo más avanzados contribuyan en función de sus responsabilidades y capacidades respectivas". Esa condición parece imposible de cumplir, ya que ni EEUU ni China aceptan compromisos internacionales vinculantes.
La postura del PP evidencia la distancia en la materia con los socialistas, que han impulsado un acuerdo en el que se pide establecer medidas de fiscalidad ambiental para penalizar las energías más contaminantes. En concreto, el texto pide la introducción de una tasa sobre las emisiones de CO2, algo que ya descartó el Ministerio de Industria hace unos meses.
El estudio reclama una Ley de Cambio Climático que obligue a adjuntar a los Presupuestos Generales del Estado con los llamados presupuestos de carbono, en los que se refleje cuánto paga España por sus emisiones y determine la huella ecológica de todos los productos alimentarios, turísticos y químicos, reflejar qué emisiones se han emitido durante todo el proceso de elaboración de los productos hasta que llegan al consumidor.
Una Ley de Cambio Climático para España basada en el mecanismo de presupuestos de carbono es una demanda por la que la organización Amigos de la Tierra lleva intensamente trabajando los últimos 3 años a través de su campaña S.O.S. Clima. Durante este tiempo, además de introducir esta herramienta entre la clase política y el sector privado, ha llevado a cabo un fuerte trabajo de sensibilización entre la ciudadanía recogiendo así alrededor de 15.000 firmas a favor de esta ley.
Héctor de Prado, portavoz de Amigos de la Tierra afirma “estar satisfecho al ver que finalmente empieza a existir voluntad política para luchar contra el cambio climático de un modo transversal y planificado. Este acto es un paso adelante para nuestra sociedad, y sin duda las organizaciones de la sociedad civil seguiremos presionando durante la próxima legislatura para asegurarnos que esta Ley, y el resto de medidas, sean lo suficientemente ambiciosas para planificar una sociedad y una economía libre de carbono”.
Respecto a la reacción del PP, contraria a estas propuestas debido a la actual situación económica del país, añade de Prado que “una acción fuerte y efectiva contra el cambio climático, basada en la ciencia, es esencial para un crecimiento económico a largo plazo, para crear empleos y coger ventaja competitiva. Es algo que algunas empresas ya han entendido y empiezan a promover. Ahora que la Administración está dispuesta a acometer este reto, estamos más cerca de cambiar esta situación.”
Leer noticia en fuente original: ideal.es | elpais.com | Amigos de la Tierra (N.P)
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