TROPOSFERA ofrece desde 2010 una consultoría integral de medio ambiente.
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En su denuncia, interpuesta el pasado mayo pero hecha pública hoy, se apoyan en documentos gráficos y escritos y explican que la planta de Fontcalent, gestionada por la mercantil Inusa, uno de cuyos directivos está imputado por el caso Brugal, está recibiendo residuos "muy por encima de sus posibilidades reales de tratamiento". En su opinión, ello provoca "graves perjuicios para la salud pública por la generación de intensos olores y molestias que afectan a varias partidas rurales de Alicante", como Rebolledo, La Alcoraya o Fontcalent, y en ocasiones también a barrios de la ciudad de Alicante como Ciudad de Asís o Florida-Portazgo, "e incluso a términos municipales vecinos como Sant Vicent del Raspeig".
En su denuncia, los colectivos afirman que los hechos que describen pueden ser constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. También apunta que puede existir un posible riesgo grave para la salud de las personas, así como de un delito de prevaricación al autorizarse la entrada de residuos que los responsables de la planta sabrían que no pueden tratar correctamente porque se supera "ampliamente" la capacidad de las instalaciones de Fontcalent.
Según los datos de los denunciantes, en 2007 entraron a la planta de Fontcalent 336.000 toneladas externas a la zona que le corresponde cubrir, y en 2010 se prevé que acaben entrando 312.000 toneladas ajenas a la ciudad de Alicante, "cuando la autorización ambiental integrada de la planta, de marzo de 2007, establece un vertido medio anual de 150.000 toneladas". El vertido directo de residuos sin tratar "está prohibido por la legislación europea, estatal y autonómica de residuos", recuerdan. Recientemente, el Ayuntamiento de Alicante aprobó en un pleno no aceptar más basura de fuera de la ciudad a partir del año próximo. Fontcalent acepta residuos ajenos al territorio que debe cubrir porque el plan de infraestructuras del Consell sufre un fuerte retraso.
La coordinadora de partidas rurales, Ecologistas en Acción y Salvem Fontcalent esperan que su denuncia sea trasladada a la Fiscalía de la Audiencia de Alicante.
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