Las centrales de As Pontes y Meirama fueron reformadas en los últimos años para ser menos contaminantes y únicamente quemar mineral de importación, por lo que la posible entrada en vigor de la norma, que reservará una cuota de generación fija para las plantas que usen lignito nacional, puede dejarlas continuamente fuera del mercado.

Más allá del impacto económico de la medida, la nueva normativa amenaza directamente alrededor de 2.000 empleos. Solo la central térmica de Endesa en As Pontes, de 1.400 megavatios de potencia, tiene un empleo directo superior a las 655 personas, entre el propio de plantilla y el contratado, que efectúa tareas imprescindibles para la operación de la factoría, tanto en la planta como en la terminal descargadora del puerto exterior ferrolano en donde se estiba el mineral. Otro medio centenar opera en la central de ciclo combinado -funciona con vapor de agua y gas- anexa a la térmica, y que cuenta con 800 megavatios. Los puestos indirectos y auxiliares de estas factorías elevan hasta los mil los empleos vinculados al negocio térmico de Endesa en As Pontes, que además cuenta con una plantilla de 174 mineros.

La térmica de Gas Natural Fenosa en Meirama (Cerceda) genera ocupación para otras 900 personas, entre las 140 de su plantilla directa y los puestos de compañías auxiliares y suministradores de servicios y materiales.

Galicia quiere tener voz

Conocedora del gran impacto que puede tener sobre la economía gallega la aplicación de esta medida, la Xunta ha remitido una carta al comisario de la Unión Europea Joaquín Almunia en la que solicita a Bruselas que no tome ninguna medida al respecto antes de que la comunidad autónoma tenga «la oportunidad de desarrollar sus puntos de vista sobre la justificación de la misma y, por tanto, sin que se incoe el procedimiento formal de investigación previsto en el artículo 108.2» del tratado comunitario.

La Consellería de Industria recuerda que el decreto del Gobierno «ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los organismos públicos más relevantes al respecto», es decir, la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía, que cuestionaron tanto su impacto en el mercado como su proporcionalidad.

Los cálculos de la Xunta también apuntan a que, en términos de empleo, peligran unos 2.000 puestos. Además, subraya el efecto dominó de la medida, que también repercutirá en otros segmentos económicos gallegos.

Los primeros afectados por la amenaza de parálisis serán los transportistas y los operarios de firmas auxiliares, aunque los sindicatos confían en el establecimiento de medidas que ayuden a paliar la caída en la actividad. El presidente del comité de empresa de la central pontesa, Miguel Ángel López, espera que Bruselas arbitre mecanismos para compensar los momentos de inactividad de las terminales afectadas, ayudas que las eléctricas repercutan también en la industria auxiliar, de forma que no pague totalmente los efectos del parón.

Pero las cifras de movimiento portuario del carbón con destino a As Pontes evidencian ya lo que puede acontecer: en el primer semestre de este año se movieron en la rada ferrolana 1,1 millones de toneladas de mineral, frente a los 1,9 del mismo período del año anterior.

La Autoridad Portuaria que preside Ángel del Real ya manifestó recientemente su preocupación sobre la repercusión que tendrá la decisión del Gobierno central en su balance en los próximos meses, pero no es el único.

Preocupación de los alcaldes

Los alcaldes de Cerceda y As Pontes, José García Liñares y Valentín González Formoso, respectivamente, han mostrado en las últimas semanas su preocupación por el impacto que puede tener la normativa en sus respectivos municipios, no solo en sus arcas, sino en toda la cadena de actividad ligada a las térmicas.

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer), que aglutina a la mayoría de las asociaciones empresariales de la zona, se suma a la preocupación de Xunta y alcaldes. Su presidente, José Rilo, calificó la situación de «muy grave» y advirtió de que las consecuencias para el sector del transporte, formado mayoritariamente por profesionales autónomos, pueden ser dramáticas.

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