Algunas instalaciones tendrán no obstante de plazo hasta 2020 para adaptarse a la normativa, que se aplicará a más de 50.000 plantas industriales en toda la UE. Así, los Estados miembros podrán aplicar planes transitorios nacionales para ampliar el plazo a las instalaciones de combustión (incluyendo las de combustibles fósiles) hasta julio de 2020.

En todo caso, determinadas plantas antiguas no estarán obligadas a cumplir los nuevos objetivos siempre y cuando cierren antes de finales de 2023 o no funcionen más de 17.500 horas a partir de 2016.

La nueva legislación actualiza e integra en un solo texto siete directivas comunitarias, incluida la de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y la relativa a las grandes instalaciones de combustión.

Para obtener un permiso, las instalaciones cubiertas por las normas IPPC tendrán que aplicar las mejores técnicas disponibles para mejorar su eficiencia y reducir las emisiones al aire, al agua y al suelo. La contaminación sonora y la seguridad también se tendrán en cuenta.

Los Estados miembros podrán flexibilizar estas exigencias, siempre y cuando se cumplan unos criterios estrictos de protección medioambiental y probar que los costes serían desproporcionados en relación con el beneficio medioambiental, debido a razones técnicas o a la ubicación geográfica de la fábrica.

El Consejo tendrá que dar ahora su visto bueno formal a la directiva y a partir de ese momento los países deberán adoptar las disposiciones legislativas necesarias para su cumplimiento.

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