En la práctica, y bajo determinadas circunstancias, se garantiza la participación de hasta un tope del 10% del producto autóctono en el mercado diario, para lo que se establece un mecanismo de exclusión de la energía ofrecida por las centrales que operan con carbón importado, fuel y de ciclos combinados de gas.

La entrada en vigor del decreto, que podría suceder a lo largo de este mes, supondrá la condena para las térmicas de As Pontes y Meirama, que operan con carbón importado y cuya actividad se puede reducir al mínimo técnico, y una merma notable en la producción de los ciclos combinados de Sabón y As Pontes. Este, al menos, es uno de los escenarios que baraja la Xunta, una alarma compartida por los alcaldes de las cuencas mineras gallegas, que temen por la pérdida de centenares de trabajos y una significativa pérdida de ingresos, que el municipio de Cerceda ya ha fijado en 20,4 millones.

«De llevarse a efecto la medida, para las centrales térmicas, que ya no están ahora a pleno rendimiento, barajamos la posibilidad del cierre, aunque no lo afirmamos, mientras que para las plantas de ciclo combinado prevemos la reducción de su actividad entre un 10% y un 15%», explica el director xeral de Industria, Ángel Tahoces.

La Xunta anunció que si el Gobierno logra sacar adelante el decreto, previo informe favorable de Bruselas, lo impugnará «hasta las últimas consecuencias». «La voluntad del Gobierno gallego, del conselleiro de Industria y de su presidente -destaca Bernardo Tahoces- es acudir a las instancias jurídicas que sea necesario, tanto nacionales como internacionales, para recurrir esta barbaridad». Fuentes del Ministerio de Industria, que confirmaron que esperan para este mes la resolución de Bruselas, descartan, sin embargo, que la medida vaya a tener un enorme impacto en Galicia y niegan que el decreto suponga una prima al carbón nacional, que sí tendrá garantizada una cuota bajo determinadas circunstancias de mercado y que ocupará el lugar de las fuentes «que más contaminan».

El real decreto de restricciones de suministro fue aprobado por el Gobierno el 12 de febrero, aunque aún no ha entrado en vigor. Luego lo ha modificado y este cambio es el que está en revisión pendiente de la decisión de Bruselas. La variación del texto es lo que ha dejado fuera la compensación por el lucro cesante y el daño emergente a las unidades de producción de energía que se pudieran ver afectadas. Es el caso de As Pontes y Cerceda.

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