Así lo propone el informe elaborado por la eurodiputada francesa Pascale Gruny tras la visita de una delegación parlamentaria a la ciudad andaluza de Huelva el pasado mes de febrero.

El texto, que será debatido mañana en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, pide un "estudio de impacto específico sobre la contaminación del suelo y las aguas" que cubra la zona en la que están depositados los residuos de Acerinox y otras cercanas.

Junto a él, defiende la creación de "un sistema de control en tiempo real permanente y transparente de la contaminación en la tierra, el aire y el agua", al que los ciudadanos puedan acceder fácilmente, por ejemplo, a través de internet.

Gruny, que recoge en el documento las impresiones de los eurodiputados que se desplazaron a Huelva, insiste en que toda la zona debe ser descontaminada siguiendo el principio "quien contamina paga".

"En caso de que las compañías envueltas cierren, deben asegurarse en cualquier caso de que el lugar que ocupan está totalmente descontaminado y de que se establece un plan para la regeneración de la zona", señala.

Los parlamentarios exigen además un programa de reinversiones en Huelva para crear empleo una vez que llegue el cierre de las plantas de fosfoyesos.

Por otra parte, el informe critica la "falta de comunicación" entre los distintos niveles de la administración española a la hora de responder a las preocupaciones de los ciudadanos.

Tampoco contentaron a los diputados las explicaciones de Fertiberia, que califican de "evasivas", aunque destacan la predisposición de la empresa a colaborar.

La comisión de Peticiones de la Eurocámara debatirá mañana el informe en una sesión en la que participarán las asociaciones ecologistas y ciudadanas que llevaron el problema de la contaminación a la UE, así como la diputación de Huelva.

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