Puede un Gobierno solicitar ayudas de Estado ante la Comisión Europea para empresas que no sólo no las quieren, sino que las rechazan? Éste es el caso de las grandes eléctricas españolas propietarias de las diez centrales térmicas que consumen carbón nacional, para las que elMinisterio de Industria acaba de pedir ayudas por 1.800 millones de euros a pagar entre este año y 2014 para que quemen los excedentes y la producción de este mineral que no logra encontrar hueco en elmercado desde el inicio de la crisis económica.

Esa cifra es el "presupuesto previsto" que Industria ha incluido en el expediente de notificación remitido a Bruselas la semana pasada, al que ha tenido acceso CincoDías. El expediente lo componen los siguientes documentos: la nueva versión del real decreto sobre restricciones por garantía de suministro (que así se llama la norma); los informes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Consejo de Estado; así como el formulario oficial de solicitud y justificación de la ayuda, que va acompañado de ocho anexos, entre ellos, una carta confidencial que Eon España dirigió el pasado 3 de febrero al secretario de Estado de la Energía, Pedro Marín.

Por primera vez en el largo proceso iniciado el otoño pasado para legalizar las ayudas al carbón a través de las empresas eléctricas, el ministerio que dirigeMiguel Sebastián ha desvelado el coste previsto para una medida que ha puesto a las compañías en pie de guerra. Los 1.800 millones de euros se distribuirán a razón de 400 millones al año hasta 2014, salvo en el caso de 2010, que son 200 millones. Y es que, según la notificación, y como declaró el miércoles el propio Marín, la obligación de las eléctricas de comprar a un precio regulado el carbón nacional comenzará el 1 de julio.

A la vista de este calendario, fuentes empresariales consideran que podría darse la circunstancia de "tener que producir a pérdida durante un tiempo" si Bruselas no da su visto bueno a las ayudas antes de esa fecha. Además, dado que hay que dar salida al excedente de mineral acumulado desde hace más de un año en los parques de las centrales (al que hay que añadir el stock de 2,6 millones de toneladas que ha tenido que gestionar el grupo público Hunosa entre 2009 y 2010), las eléctricas consideran que los 200 millones de este año serán del todo insuficientes.

Aunque, según la última versión del decreto, las cantidades anuales a consumir deben ser fijadas por la Secretaría de Estado de Energía, en el expediente se habla de un total equivalente a 22.000 gigavatios/ hora (GWh) al año, de lo que se desprende que la ayuda sería de unos 18 euros por megavatio/ hora (MWh). Esta cantidad es la que cobrarían las generadoras como compensación si el precio del mercado mayorista eléctrico (pool) es inferior al regulado que se determine, lo que supone una rebaja sustancial frente a lo acordado inicialmente con Industria, según las empresas. Ayer el pool cerró en 39,3 euros por MWh.

Con todo, las críticas más severas del sector se centran en la decisión del ministerio de eliminar el pago del lucro cesante, que figuraba en el primer real decreto aprobado y publicado en el BOE el 23 de febrero, a las tecnologías que resultando casadas en el mercado (principalmente, gas natural, fuel y carbón de importación) se verán desplazadas por el carbón nacional de obligado consumo y con precio regulado.

Industria dio marcha atrás argumentando que, tras una prenotificación, de la que no hay constancia por escrito, la Comisión Europea no admitiría el pago del lucro cesante. Un jarro de agua fría para las eléctricas, especialmente para Gas Natural-Fenosa, que habían admitido la medida como un mal menor.

En el formulario de notificación figuran como beneficiarias de las ayudas de Estado las diez plantas térmicas antes citadas (ver cuadro) y establece como sistema de financiación "una retribución a precio regulado". El método de retribución a las instalaciones obligadas a producir una cantidad máxima se hará mediante la suma de dos componentes: "el precio competitivo resultante del mercado diario y el pago por capacidad existente en el mercado eléctrico español". Y se calculará "como la diferencia entre el precio del mercado y el precio regulado" para la prestación de lo que se califica como "servicio público".

Fuentes del sector consideran que el término pago por capacidad "es prácticamente un eufemismo", ya que se trata de sistema que en España no está regulado (únicamente se paga un incentivo por inversión).

La industria paga

A la pregunta incluida en el formulario oficial de notificación relativa a quién financiará la ayuda, el ministerio responde que los citados pagos por capacidad "se financiarán a través de todos los comercializadores y consumidores directos en mercado en función de la energía eléctrica que adquieran (...) y destinada al consumo interno español". Quedan exentos de este pago los productores por la energía que destinen al autoconsumo y a los consumos de bombeo.

Pese a los críticos informes elaborados en su día por la CNE y de la Comisión Nacional de la Competencia (el de este organismo no ha sido adjuntado en el expediente remitido a Bruselas), Industria considera que la medida no tendrá impacto en elmercado y serámínimo el que pueda tener sobre las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Según figura en la notificación, "lamedida propuesta no distorsiona la formación de precios en elmercado diario, ya que se concibe como un servicio de ajuste. Implica la asignación directa de la obligación de producir con determinadas cantidades de carbón a determinadas centrales y el cese de producción a otras con un criterio que pretende minimizar el impacto sobre las emisiones de CO2 (...) y el coste económico para el sistema". El menor impacto medioambiental se justificaría porque, a la hora de decidir qué centrales se verán desplazadas del mercado por el carbón nacional, se optará primero por las que más CO2 emitan (atendiendo "al orden de mérito descendente de los niveles de emisión", según recoge el decreto).

En las sucesivas alegaciones que las eléctricas presentaron ante la CNE y la CNC, éstas denunciaron que la medida sí distorsionaría la competencia desde el momento en que "se expulsa del mercado a centrales más baratas", como las de gas o las de carbón de importación.

La medida propuesta, según el Gobierno, tampoco "afectaría al comercio entre Estados miembros, pues se trata de un procedimiento de ajuste del mercado eléctrico y sólo afecta a las empresas del mercado interno, sean o no de capital español".

La industria del carbón nacional ya se beneficia de ayudas estatales autorizadas por la Comisión Europea, que se incluyen en un plan específico para el sector que este año contempla unas ayudas a la producción de 315,89 millones de euros. El Gobierno garantiza a la CE que las nuevas medidas sólo se aplicarán a las cantidades de mineral recogidas en el Plan del Carbón y que se benefician de estas ayudas (que cubren la pérdidas que genera la producción de carbón en España).

La guerra judicial abierta por las empresas llega a Joaquín Almunia

El plan que obligará a las eléctricas a quemar carbón nacional en sus centrales, ha enaltecido los ánimos de las cinco asociadas de Unesa. Hasta el punto de que, según confirmaban ayer fuentes empresariales, "se está preparando una queja formal de Unesa ante el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia". Hasta ahora, varias de las afectadas habían transmitido su malestar ante la autoridad de la Competencia en Bruselas, pero a título individual y de manera informal.

En cualquier caso, la guerra judicial en España contra el real decreto ya comenzó hace un mes. Así, Endesa, Iberdrola, HC Energía, Gas Natural-Fenosa y Eon España han interpuesto ante el Tribunal Supremo sus respectivos recursos contencioso- administrativos contra el real decreto de restricciones técnicas por garantía de suministro que se publicó en el BOE el pasado 23 de febrero. Esta norma, que no se llegó a aplicar, obligaba a las eléctricas a quemar el excedente de carbón nacional (que se ha acumulado en el último año por la caída de la demanda) en sus centrales térmicas, si bien, compensaba mediante el pago del lucro cesante a las tecnologías que, resultando casadas, fuesen desplazadas por el carbón al superar la oferta a la demanda.

Aunque Industria, apelando a las exigencias de la Comisión Europea, eliminó en una segunda versión del real decreto aprobada pocas semanas después el anexo relativo al lucro cesante, las empresas iniciaron su pleito contra el primer real decreto. De esta manera evitaban que el Supremo no les admitiese la denuncia contra el segundo, que es el más perjudicial. Por tanto, el proceso está abierto, a la espera de presentar la demanda definitiva, que incluirá el argumentario legal.

Nuevas exigencias para las centrales

El nuevo texto que el Gobierno ha remitido a Bruselas y al Consejo de Estado modificando el decreto que garantiza el consumo del carbón nacional incluye algunas novedades respecto a las versiones manejadas con anterioridad (como la que se remitió a la Comisión Nacional de la Energía). Entre ellas, ciertas exigencias adicionales para controlar que la norma no suponga beneficios sobrevenidos para las 10 centrales térmicas afectadas.

Así, entre los nuevos aspectos que incluye el texto legal, al que ha tenido acceso CincoDías, figuran:

• Una ampliación de los plazos para que las eléctricas presenten a la CNE la carta de compromiso de compra del carbón hasta 2012. Ahora, las empresas tendrán tres días desde que Industria fije los volúmenes máximos de producción anuales. Antes eran dos días desde la entrada en vigor del decreto. También se amplía en un día el plazo que tendrá Red Eléctrica para presentar a Industria el nuevo procedimiento de operación derivado de la entrada en vigor de la norma.

• Una nueva disposición adicional en la que se precisa, de forma taxativa, que los derechos de cobro y las obligaciones de pago generadas al amparo del nuevo decreto están condicionado al visto bueno de la Comisión Europea.

• La exclusión de las centrales que usan gas siderúrgico como combustible de la lista de plantas que pueden ser desplazadas del mercado diario para dar entrada a las que consumen carbón nacional. No obstante, esta salvaguarda sólo se aplica a la parte de su producción que se considere mínima para satisfacer los compromisos de consumo de gas que tengan establecidos.

• La posibilidad de que las centrales que se vean desplazadas del mercado diario por la entrada del carbón nacional (básicamente, plantas que consuman carbón de importación, fuel o gas natural) puedan participar en los mercados intradiarios. En las anteriores versiones del decreto, esta práctica se había prohibido, fijando incluso sanciones para los incumplidores. Lo que sigue invariable en el texto es la desaparición del derecho al lucro cesante para las plantas que se vean afectadas por la prioridad del carbón nacional en el mercado diario.

• La precisión de que las cantidades anuales de carbón nacional que estarán obligadas a comprar los propietarios de las diez centrales térmicas incluidas en el decreto no podrán superar nunca las contempladas en el vigente Plan del Carbón hasta el año 2012 o las que se fijen en planes posteriores.

• La aclaración de que el sistema desarrollado por el decreto se puede dejar de aplicar antes de 2014 si las condiciones del mercado eléctrico español permiten a las centrales de carbón autóctono ser viables económicamente a medio plazo en condiciones de mercado.

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