El grupo ecologista consideró que las autorizaciones concedidas en noviembre de 2008 a las centrales de Anllares y La Robla, y en marzo de 2009 a la central de Compostilla son “nulas de pleno derecho”, al permitir la emisión de contaminantes tóxicos como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas muy por encima de los límites establecidos legalmente, según informaron hoy a través de un comunicado.

Según Ecologistas en Acción, la Junta de Castilla y León “sacrifica el derecho constitucional a la salud al interés económico de grandes empresas como Endesa y Unión Fenosa”, que tienen capacidad económica “sobrada” para hacerse cargo del coste de las instalaciones necesarias para la reducción de las emisiones de contaminantes tóxicos a los valores más bajos.

Sin embargo, los ecologistas denunciaron que, por el contrario, se ha permitido que las empresas eléctricas puedan superar “hasta en ocho veces” los límites legales de emisión establecidos para las centrales térmicas por el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las grandes instalaciones de combustión existentes y “hasta en 150 veces” los valores de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles publicadas por la Comisión Europea.

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción consideran “inadmisible” el trato de favor que se otorga al grupo uno de la central térmica de La Robla y al grupo dos de la de Compostilla “cuyos límites autorizados de dióxido de azufre multiplican por cinco el límite legal de 400 miligramos por metro cúbico, cuando año tras año se vienen superando en su entorno los valores límites de este contaminante para proteger la salud”, indicaron.

En cuanto a la central térmica de La Robla, según los ecologistas se ha llegado en alguna ocasión a sobrepasar el umbral de alerta, y se ha citado como agravante el hecho de que la autorización concedida “hace caso omiso” a las recomendaciones del Plan de Mejora de la calidad del aire.

Por otro lado, las concentraciones medias anuales de dióxido de azufre en el entorno de las tres centrales térmicas “rebasan el límite legal para la protección de la vegetación” y afecta a espacios naturales protegidos como las Hoces de Vegacervera y los lugares incluidos en Red Natura 2000 Alto Sil y la Sierra de los Ancares, entre otros.

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