En respuesta a una pregunta de la senadora del grupo parlamentario Entesa catalana de progrés (GPECP), María Josefa Celaya , Espinosa explicó que el Proyecto de Ley de Almacenamiento Geológico de Carbono, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de abril, tiene como objetivo incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea 2009/31/CE, adaptándola a la realidad industrial, geológica y energética de España, y estableciendo un régimen propio orientado a garantizar la seguridad para el medio ambiente y las personas.

Así, indicó que la aplicación de esta regulación, que será compartida entre los departamentos de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y Comercio, así como por las comunidades autónomas, responde a una política "firme y decidida" de lucha contra el cambio climático en el marco de los compromisos internacionales, que va a generar empleo en el sector "más avanzado" de las nuevas tecnologías.

Según Espinosa, el proyecto de Ley de Almacenamiento Geológico de Carbono regula, entre otros aspectos, el permiso de investigación para determinar la capacidad de almacenamiento de un lugar, así como la concesión del título que confiere al titular el derecho exclusivo a almacenar CO2, concesión que es otorgada, en todos los casos, por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y de las comunidades autónomas afectadas.

Asimismo, el proyecto de Ley regula el funcionamiento del almacenamiento, su cierre y sellado, que se realizará de acuerdo con un plan de gestión que será aprobado por la comunidad autónoma, y la transferencia de responsabilidad, sobre el lugar de almacenamiento, al Estado (en particular, al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino).

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