El Ministerio de Industria ha tenido que rehacer el Real Decreto 134/2010, conocido como el decreto de las ayudas al carbón, apenas dos semanas después de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El Real Decreto fue publicado en el BOE el 27 de febrero. Mediante esa normativa, se establecía un mecanismo para incentivar a las centrales eléctricas a quemar carbón nacional, para evitar así el hundimiento de la industria nacional.
La norma es muy polémica, porque introduce una distorsión al mecanismo de mercado en la generación eléctrica y un sobrecoste para el sistema eléctrico que puede superar los 4.000 millones hasta 2014. Además de las ayudas para quemar carbón, la norma establecía que se compensara a otras centrales térmicas (sobre todo las de ciclo combinado, que funcionan con gas), por el lucro cesante que les ocasionaba.
Al entrar carbón en el sistema eléctrico de forma prioritaria, esas otras centrales de gas quedan desplazadas, sin posibilidad de operar. Bruselas está conforme con que se otorguen incentivos al carbón. Acepta el argumento esgrimido por España de defender fuentes autóctonas de suministro energético hasta un 15%. Pero rechaza rotundamente la posibilidad de compensar el lucro cesante de otras centrales.
Para las centrales de ciclo combinado, ya de por sí bastamente maltratadas a raíz de la caída de la demanda eléctrica, este es un nuevo golpe de dimensiones difíciles de calibrar. Industria remitió ayer de urgencia a la Comisión Nacional de Energía (CNE) un nuevo borrador de real decreto para anular el anterior y publicar otra versión.
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