Este miércoles, manifestantes ecologistas han exigido la retirada de la compañía ENCE (Empresa Nacional de Celulosa Española) de Uruguay, debido al impacto social y ambiental de sus actividades. La acción, realizada frente al Casino de Madrid, donde se reunía la Junta de Accionistas, se enmarca en la semana de lucha social "Rompamos el Silencio".
Noticias Troposfera.org
28/06/2006 La compañía ENCE quiere construir en Uruguay una gran planta de celulosa: “Desde la sociedad civil, creemos que este proyecto no debería realizarse por los graves impactos ambientales y sociales que comportaría”, afirman los ecologistas. “Además, el Gobierno español, a través de CESCE y el ICO, planea un escandaloso apoyo financiero con dinero público, sin consultar a los más de
70.000 afectados”, añaden.
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La campaña "No queremos ENCE en Uruguay" ha conseguido -hasta ahora- que ENCE no reciba el apoyo de CESCE y el ICO ni tampoco del Banco Mundial. La protesta de hoy ante la Junta de Accionistas de ENCE, se realizó en coordinación con la Asamblea Ciudadana Ambientalista de Gualeguaychú y el CEDHA, que lideran la resistencia contra las papeleras en Argentina.
Ataque al financiamiento
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, dijo ayer que ENCE ratificó su intención de construir la planta de celulosa, en momentos en que circulaban rumores de una posible suspensión del proyecto: "Es el ataque al financiamiento el que lleva a ENCE a esa decisión", destaca la Asamblea Ciudadana Ambientalista de Gualeguaychú.
La instalación de la planta de ENCE, al igual que otra similar de la finlandesa Botnia, en el lado uruguayo de un río que separa ese país con Argentina, desató un conflicto entre ambos gobiernos provocado por las mayores manifestaciones ecologistas en la historia argentina.
Argentina teme que las plantas contaminen el medio ambiente y también acusó a Uruguay en la Corte Internacional de La Haya de haber permitido que los proyectos avanzaran sin realizar antes los informes de impacto ambiental y las consultas obligatorias.
Los impactos ambientales del proyecto serán, en caso de llegar a realizarse, numerosos y graves. Entre ellos, contaminación atmosférica (fuerte olor por compuestos de azufre), la extracción de grandes cantidades de agua del río Uruguay; la plantación de grandes extensiones de monocultivos forestales (en este caso eucalipto) y la derivada pérdida de biodiversidad; la producción de dioxinas en el proceso de blanqueo y en la fabricación de
dióxido de cloro muy perjudiciales para la salud humana; la generación y el derrame de productos de desechos, con el consiguiente riesgo de contaminación del agua utilizada para beber, y de destrucción de los recursos pesqueros y los ecosistemas acuáticas, los que dan sustento a muchas comunidades locales en la región.
ENCE ya tiene antecedentes graves en instalaciones similares, y ha sido condenada por delito ecológico continuado el año 2002 en Pontevedra por haber provocado daños irreparables en el medioambiente, en los recursos naturales y en la salud de las personas.
También, y muy principalmente, las problemáticas ambientales y sociales vienen derivadas por el modelo forestal que ayudan a consolidar y llevan asociado estas plantas. En el caso de Uruguay, ENCE necesitará 100.000 hectáreas de plantaciones para conseguir la madera necesaria para fabricar la celulosa, que ocupan tierras de cultivo y zonas de pradera -el ecosistema más importante de Uruguay-, producen problemas de disponibilidad de agua y
conllevan un abandono del ámbito rural.
El Estado apoya
“A pesar de estos impactos ambientales y sociales, el Estado español ha apoyado históricamente las actividades de ENCE en Uruguay a través de diversos créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Incluso ahora que el conflicto ha adquirido una dimensión internacional, el ICO está evaluando la posibilidad de financiar la iniciativa con un total de 350 millones de dólares para esta inversión”, denuncian los ecologistas.
Según su versión, se trata de “una operación dirigida por el Director General de Comercio de Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Óscar Vía Ozalla -, y por otra parte CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), empresa con funciones delegadas del Estado, que está evaluando si asegura la totalidad del proyecto”.
La posibilidad de ejecutar este apoyo con recursos públicos por parte del Gobierno español ha sido duramente criticada por numerosas asociaciones agrupadas en la campaña “¿Quién debe a quién?”.
ENCE finalizará esta semana una primera etapa preparatoria para la construcción, y aún no está definido cuándo comenzará la siguiente fase. Asimismo, versiones de la prensa local dijeron que la empresa espera el resultado del recurso preventivo de suspensión de obra presentado por Argentina ante la Corte Internacional de La Haya semanas atrás.
Las fuentes han señalado que ENCE podría trasladar su fábrica a 30 Km. debido a que la cercanía que tendrá con la de Botnia aumenta el temor de una eventual contaminación, e impide la financiación pública. ENCE decidirá el 9 de julio si continúa con las obras de la planta de celulosa, fecha en que se presume que se conocerá el fallo de la Corte Internacional. La decisión de La Haya, incidiría directamente en la resolución del Banco Mundial y
del ICO sobre los préstamos solicitados por ENCE.
“Creemos que los trabajos de ENCE se reiniciarán cuando el Banco Mundial y el Gobierno español aprueben los préstamos. Por eso extenderemos la campaña contra la papelera para impedir el financiamiento para la construcción de la planta” aseguran los ecologistas.
Fuente: Madrid Digital
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