El Congreso de Perú aprobó este viernes la Ley Marco de Cambio Climático como parte de su estrategia para cumplir con su compromiso de reducir el 30 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.
La norma, aprobada en el pleno del parlamento por 97 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, es la primera de su tipo entre los 193 países que suscribieron el Acuerdo de París en la vigésimo primera cumbre mundial del clima, en 2015, según destacó el Ministerio del Ambiente en un comunicado.
El documento establece “el carácter obligatorio de los instrumentos de gestión integral del cambio climático” y designa las funciones y responsabilidades de los diferentes sectores y niveles de gobierno que deben actuar en todo el país, el tercero del mundo más vulnerable al calentamiento global.
El Ministerio del Ambiente destacó que la ley permitirá definir acciones concretas de adaptación y mitigación a nivel nacional, regional y local.
El texto también permitirá al Estado aumentar la eficiencia del gasto público y la generación de proyectos de inversión sostenible y resilientes al clima.
La asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) indicó en un comunicado que la ley contribuirá a disminuir la deforestación, una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en Perú.
La coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques, Iris Olivera, resaltó que la norma incluye la elaboración del análisis de riesgo climático y vulnerabilidad en las inversiones públicas y privadas sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que impulsaría inversiones más sostenibles.
En Perú, el calentamiento global amenaza seriamente el mayor sistema tropical de glaciares, situado en las cumbres de los Andes, y cuya superficie en dieciséis cordilleras nevadas se redujo en un 61 % en los últimos 55 años hasta quedarse en apenas 400 kilómetros cuadrados, según las últimas cifras oficiales.
La mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero de Perú proceden de la deforestación de la Amazonía, que en 2017 perdió una superficie boscosa de alrededor de 143.000 hectáreas, equivalente a unos 200.000 campos de fútbol, talados en su mayoría para hacer cultivos a gran escala y minería ilegal en ríos.
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