El Puerto ya tenía una estación operativa y las tres que exige el Consell deberían haber estado funcionando desde el pasado mes de mayo, tal y como recoge la autorización para mover graneles, concedida en noviembre de 2016.

El incumplimiento le había valido al Consell, según publicó INFORMACIÓN el pasado sábado 12 de agosto, una propuesta de sanción de 120.000 euros por parte de la Conselleria de Medio Ambiente y la amenaza de paralizar la descarga de graneles en los muelles 11, 13 y 16 si no se tomaban a tiempo medidas correctoras.

La Autoridad Portuaria recurrió el expediente y aseguró a finales de la semana pasada que llegaría en plazos -finales de agosto- a cumplir con lo solicitado en el expediente. Junto a estos medidores de contaminación, el Puerto está levantando pantallas para evitar la dispersión de partículas contaminantes a la atmósfera.

La apertura del expediente, el pasado mes de julio, coincidió con la realización de un informe independiente por parte de un químico del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la Plataforma de Afectados por el Movimiento de Graneles en el Puerto de Alicante.

El experto ha detectado que en las labores de carga y descarga de materiales se emiten unas partículas llamadas «escorias», residuos que se utilizan para la fabricación de cemento y cuya emisión está prohibida en la autorización ambiental del Consell que avaló la operativa el pasado mes de noviembre.

Los vecinos han encargado una segunda parte del informe para darle carácter pericial y que pueda incluirse en la denuncia judicial interpuesta por la Asociación de Consumidores José María Mena. En autonomías como Euskadi, Cantabria y Cataluña se ha legislado para desclasificar como residuos las «escorias» pero no es el caso de la Comunidad Valenciana, por lo que están prohibidas.

La propuesta de sanción de la Conselleria de Medio Ambiente no es la única amenaza que se cierne sobre el Puerto. El Ayuntamiento de Alicante notificó la pasada semana a las mercantiles Cesa Alicante SA, Berge Marítima SL y Alicante Port SL el rechazo de las alegaciones presentadas al primer requerimiento municipal para que las empresas soliciten licencia ambiental.

Tras analizar los escritos de alegaciones presentados ante el Ayuntamiento por las tres empresas estibadoras que manipulan graneles pulverulentos al aire libre en el Puerto de Alicante, los técnicos municipales del servicio de disciplina urbanística han concluido finalmente en sendos informes que el instrumento de intervención ambiental aplicable a la actividad es el de licencia ambiental y no el de declaración responsable.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), firmó el viernes 11 de agosto los tres decretos, uno por cada una de las empresas, en los que se insta nuevamente a las empresas a presentar en el plazo de un mes -a contar desde su notificación efectiva- la correspondiente solicitud de licencia ambiental.

Pavón espera que las empresas soliciten la exigible licencia en el plazo concedido, ya que de lo contrario cabría plantear la suspensión de la actividad, algo que plantea la Conselleria de Medio Ambiente en el informe de sanción al Puerto. Urbanismo da un mes para solicitar el permiso municipal.

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