"Renault SAS engañó a los consumidores sobre los controles efectuados, y en particular en el control reglamentario de homologación sobre las emisiones contaminantes", afirma el organismo antifraude dependiente del Ministerio de Economía (DGCCRF) en un documento de noviembre de 2016, que sirvió para la apertura de una investigación judicial en enero pasado.

Un portavoz de la compañía dijo a Efe que el grupo hará público un comunicado durante la jornada de hoy para dar a conocer su posición.

La Fiscalía de París anunció el pasado 13 de enero que tres jueces instructores iban a realizar pesquisas sobre si Renault había engañado sobre las cualidades de sus motores en términos de contaminación, y sobre los controles a los que son sometidos los coches para su homologación.

Las pesquisas tenían como base este estudio de la DGCCRF, en el que se analizan las grandes diferencias entre las emisiones contaminantes de NOx de vehículos Renault en las pruebas de homologación y en condiciones reales de utilización.

En el caso del Renault Captur, la diferencia constatada en las partículas de óxido de nitrógeno (NOx) llegó al 377 % y en el del Clio IV al 305 %.

"Esos resultados permiten sospechar la instalación de un dispositivo fraudulento que modifica específicamente la función del motor para reducir las emisiones de NOx en las condiciones específicas del test de homologación para que las emisiones respeten los límites reglamentarios", escriben los autores del informe.

En apoyo de esas sospechas, los agentes antifraude que registraron la sede de Renault en las afueras de París y dos centros de investigación en enero de 2016 encontraron mensajes de correo electrónico que vendrían a confirmarlo.

"Libération" citó uno de esos mensajes, del 25 de noviembre de 2015, entre la directora de asuntos jurídicos de la empresa, la jefa de comunicación y el responsable de relaciones institucionales, en el que se concluía que el sistema de descontaminación de los motores se desactiva en carretera pero funciona durante los test.

Según los cálculos de la DGCCRF, durante los más de siete años en que estuvo en marcha ese sistema de fraude, el fabricante comercializó cerca de 900.000 vehículos que habían sido homologados de forma dudosa, lo que representó una facturación de 16.800 millones de euros.

En caso de que se constatara jurídicamente la infracción, la compañía podría recibir una multa equivalente al 10 % de su volumen de negocios, unos 3.500 millones de euros, indicó el diario.

Desde que en septiembre de 2015 estalló el escándalo Volkswagen por sus dispositivos de fraude descubiertos en Estados Unidos, Renault ha insistido en que ha respetado las reglas técnicas y jurídicas.

Pocos días después de que estallara ese caso, el Gobierno francés puso en marcha una comisión técnica independiente que trabajó durante meses sobre un centenar de modelos de marcas comercializadas en Francia y concluyó que no había podido detectar sistemas de fraude de ese tipo, pero que tampoco podía excluir su existencia.

Los técnicos apuntaron que en el caso de algunos coches -especialmente de Renault- el diferencial de emisiones entre las pruebas de homologación y el funcionamiento en condiciones reales era inexplicablemente discordante.

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