Y los primeros procedimientos sancionadores ya están sobre la mesa de Volkswagen. El pasado viernes, este organismo, dependiente de la Consellería de Economía, remitió al grupo 30 expedientes con las multas que impone este organismo al consorcio germano. El importe de las sanciones que se recoge en esos expedientes, según explican fuentes de la Xunta, es de dos veces el valor del vehículo afectado por el dieselgate, y siguiendo las directrices de la ley gallega de consumo del 2012, especialmente garantista con el afectado.

Según esos documentos enviados ya a la empresa, la sanción máxima sería de 1,2 millones, a 40.000 euros por vehículo. Si, en cambio, la empresa diera una solución satisfactoria al cliente, la sanción se reduciría a 90.000 euros en total (3.000 por cliente). Ese dinero, en todo caso, va directamente a la Administración -no es para el usuario- en concepto de sanción por posible comisión de una falta grave por fraude en la calidad de los vehículos al incorporar un sistema tecnológico que modifica las emisiones de los coches.

El escándalo se destapó hace casi un año, y Volkswagen aún no ha resuelto por completo la reparación de todos los modelos afectados, unos 30.000 en Galicia (700.000 en toda España). Y, además de las reclamaciones en Consumo, se expone a denuncias en los juzgados; ya hay varias en la comunidad.

Sin aceptar arbitraje

En el escándalo del dieselgate, el Instituto Galego de Consumo ha trabajado en dos vías, la del afectado y la de la empresa. En el primer caso, tramitando las reclamaciones y asesorando a los afectados que pedían información. En el segundo, solicitando a Volkswagen información detallada sobre las soluciones que se iban a dar. La Xunta, según las mismas fuentes, propuso un arbitraje o una mediación ante estos casos, pero «polo momento non foi obxecto de aceptación polas marcas do grupo», esto es, Seat, Audi, Skoda y la matriz.

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