La Audiencia Nacional ha imputado a Volkswagen AG, la matriz alemana del grupo automovilístico, por el presunto trucaje de sus motores diésel. El juez Ismael Moreno ha declarado como investigada a la sociedad por los delitos de defraudación que perjudica a una generalidad de personas, fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente. El magistrado, en un auto, ordena la comunicación a la cúpula del grupo de la existencia del procedimiento penal y que designe representantes legales en la causa. Para ello, la Audiencia Nacional expedirá una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Alemania.

La causa que se investiga los juzgados centrales de instrucción se inició a raíz de varias denuncias presentadas poco después de que estallara el caso de los motores diésel manipulados, entre las que se incluyen las de la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y del sindicato Manos Limpias.

La investigación judicial se centra en la presunta manipulación de determinados motores diésel de cuatro cilindros. El trucaje se pudo realizar con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, para reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental. Según el relato del juez, el fabricante, para lograr fabricar un motor que consumiera poco, mantuviera gran potencia y al mismo tiempo no desprendiera gases por encima de los límites legales, introdujo un software capaz de detectar cuándo un vehículo estaba siendo testado, de manera que en ese momento de sometimiento a control, tuviera un funcionamiento menos eficiente y, por consiguiente, menos contaminante.

El juez asume el informe enviado por el fiscal, que solicitaba que se declarara como investigado al grupo alemán. El Ministerio Público se basaba en lo esgrimido por el representantes de Volkswagen-Audi España en su comparecencia ante el juez, en la que aseguró que los motores afectados los fabrica Volkswagen AG en Alemania. El Ministerio Público también se apoyó en la documentación aportada por el Ministerio de Industria sobre las sociedades de SEAT afectadas por estos hechos. Según el fiscal, debe ser la empresa radicada en Alemania la que responda por una posible responsabilidad penal como “existen elementos que permiten indicar que Volkswagen AG y Seat, S.A. no actúan en el mercado cual compartimientos estancos, sino que aquella mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones, cual correa de transmisión directa sobre ésta”.

En su informe, la fiscalía advirtió que, de ser cierta la información sobre los motores diésel del grupo Volkswagen, “los vehículos afectados, en condiciones normales de funcionamiento, están emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos (podrían superar en 40 veces dicho máximo), lo que les inhabilitaría para circular, con el consiguiente perjuicio para su propietario.

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