Al frente de esta investigación se situó la unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, que en colaboración con el fiscal coordinador de este área en Pontevedra, coordinó las distintas actuaciones que llevaron a cabo los agentes del Seprona de la Guardia Civil.

Finalmente, el cerco se ha cerrado en torno a una firma asentada en Vigo, Gasfer Gases Refrigerantes, empresa ubicada en Coruxo, que presumiblemente servía este gas refrigerante a distintas empresas ubicadas en varios puertos de Galicia, así como de otros puntos del territorio nacional e, incluso, del extranjero. En total, la Fiscalía y la Guardia Civil han puesto su mirada en una veintena de compañías.

En este sentido, las informaciones facilitadas por la propia Fiscalía General del Estado aluden a que, al margen de la investigación abierta sobre estas veinte personas jurídicas, se inspeccionó la firma olívica, así como cinco buques pesqueros. Todas estas actuaciones derivaron, finalmente, en la incautación de 37 toneladas de gas R-22 que, según estimaciones del ministerio público, «podrían haber generado unos beneficios ilícitos de más de un millón de euros». Desde la Fiscalía precisaron, por otro lado, que el uso de esta sustancia está prohibido en casi todo el mundo debido a que contribuye directamente a reducir el espesor de la capa de ozono. Pese a ello, las sospechas apuntan en la dirección de que, en virtud de «las pruebas obtenidas», determinadas firmas españolas y foráneas lo venían empleando de forma habitual.

Para comercializar el R-22, la distribuidora presuntamente utilizaba «distintas argucias técnicas para enmascarar la realidad de su actividad empresarial». En relación con esta circunstancia, inciden en que «camuflaba cantidades, destinos reales y objeto de la actividad, vendiendo el gas a empresas comunitarias solicitando licencias de exportación a la Comisión Europea para justificar el gas vendido en los informes anuales que debe emitir» la citada compañía. Los investigadores sostienen que, posteriormente, parte de estas exportaciones «se desviaban ilegalmente a empresas y buques españoles y de la Unión Europea», mientras que otro porcentaje se exportaba «sin informar a la Aduana de la realidad de la materia y evitando de esa forma que pudiera ser controlada».

Tal ha sido el calado de la operación, que ha acabado llamando la atención del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Según confirman desde la Fiscalía General del Estado, la investigación recibió el premio ECA Ozone Protection Award for Customs & Enforcement Officers, un galardón que fue entregado a finales de mayo en una ceremonia desarrollada en la localidad de Ashgabat (Turkmenistán) a la que asistieron el fiscal de Medio Ambiente Antonio Vercher Noguera y el coronel del Seprona Francisco L. Monedero.

Una firma de Vigo era quien distribuía el gas, perjudicial para la capa de ozono

La investigación apunta a veinte empresas y se inspeccionaron cinco pesqueros

«Fuera de la UE se compra y se vende sin problema», afirma el empresario vigués

Tras trascender la intervención de las 37 toneladas de gas R-22, el dueño de Gasfer Gases Refrigerantes, Carlos F. C., admitió que su firma ha sido inspeccionadas, hace dos meses, y que se han abierto caudas contra él en, al menos, otras cuatro ocasiones entre el 2013 y el 2015, si bien matizó que siempre se han archivado, según informan Enrique Vázquez Pita y Mónica López Torres, de la delegación de Vigo. «Las otras cuatro inspecciones las archivaron. Me han incautado lo mismo que la otra vez y está pendiente de resolver. No hay nada en firme».

En opinión del empresario olívico, «lo que se está debatiendo aquí es si yo debería tener esta mercancía o no». En cuanto al hecho de que se trata de una sustancia cuyo uso está prohibido en muchos países por los perjuicios que ocasiona a la capa de ozono, Carlos F. C. subrayó que «fuera de la UE se compra y se vende sin problema. En Marruecos se están comercializando cientos de miles de toneladas. Este gas puedes tenerlo todo el tiempo que consideres oportuno».

A diez euros el kilo

¿Pero dónde está el negocio? En el precio. Desde la Fiscalía General del Estado reseñaron ayer que el kilo de R-22 no supera nunca los diez euros el kilo, mientras que sus «sustitutos legales tienen un precio medio que ronda los 30 euros».

Añadieron, en este punto, que las aplicaciones más frecuentes de este gas se relacionan «con la producción de frío». De este modo, la inspección de los cinco buques se explica por el hecho de que se trata de barcos que disponen de plantas de congelación para conservar en condiciones adecuadas las capturas que realizan en alta mar y que luego se descargan en los puertos.

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