La Junta de Castilla y León acaba de publicar un informe sobre los resultados de la evaluación de la calidad del aire del territorio en 2015, obtenidos a partir del análisis de los registros de todos los analizadores desplegados en la región de las redes públicas y privadas que generan más de 2.000.000 de datos de la calidad del aire.

La Red de Control de la Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León, a tal fin, cuenta con más de 200 analizadores, repartidos por toda la región, que vigilan la calidad del aire durante las 24h y los 365 días al año.

Para su correcto funcionamiento, se destinan alrededor de 600.000 euros al año, con objeto de mantener operativa dicha red, que está certificada por un organismo externo bajo la ISO9001:2008, y que en números destaca más de 650 visitas de mantenimiento a las cabinas y algo más de 200 calibraciones.

Analizados los resultado obtenidos, el dióxido de azufre (SO2), las partículas en suspensión (tanto PM10 y PM2.5), el dióxido de nitrógeno (NO2), el benceno (C6H6) y el monóxido de carbono (CO) han registrado incluso valores por debajo del umbral superior de evaluación, lo que indica que no llegan al 70 por ciento del valor límite.

En concreto, el SO2, ha registrado entre 1 y 2 superaciones en las estaciones de La Robla, Anllares y Compostilla, muy por debajo, por tanto, de las 24 ocasiones que implicarían la superación del valor límite horario.

Es en estas zonas donde se registraron los valores más altos de este contaminante, si bien, las medias anuales no superaron los 25µg/m3, cuando el límite diario de protección a la salud humana está fijado en 125µg/m3. En el resto de la Comunidad, la presencia de este contaminante es meramente testimonial.

Ecologistas en Acción: La Junta miente sobre la calidad del aire

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha publicado el Informe anual sobre la calidad del aire 2015, recogiendo los resultados de las 57 estaciones de control de la calidad del aire que funcionaron durante el año pasado en la región.

Como ya hiciera con la presentación del avance de resultados en enero, la Junta de Castilla y León ha vuelto a mentir a la ciudadanía sobre la situación de la calidad del aire en 2015, destacando que “El aire de Castilla y León no superó durante el año pasado ninguno de los valores límite de protección a la salud humana”.

Elude informar de esta manera sobre la superación durante el año pasado de los objetivos legales para la protección de la salud y de la vegetación establecidos para el ozono, en cuatro zonas de la Comunidad Autónoma, que abarcan más de la mitad de la superficie y en las que vive un tercio de la población regional.

Se trata de las zonas Duero Norte, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, y Soria y Demanda, con una población de 790.000 habitantes repartida entre todas las provincias de Castilla y León, donde se ha superado dicho valor objetivo en el trienio 2013-2015, tal y como aparece en las tablas de datos del informe oficial, pero se oculta de manera deliberada en el texto y la nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

Se define el valor objetivo como el “nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza”. El valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire (μg/m3), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un período de 3 años.

Las estaciones de control de la contaminación atmosférica donde en el último trienio se ha superado el objetivo legal de ozono más de 25 días por año de media han sido Cementos Portland 1 (Venta de Baños, Palencia), Segovia, Muriel de la Fuente (Soria) y San Martín de Valdeiglesias (Valle del Tiétar, Ávila), con respectivamente 26, 29, 33 y 28 superaciones.

Asimismo, entre 2011 y 2015 se ha incumplido el objetivo legal de protección de la vegetación establecido para el ozono en la zona Sur y Este de Castilla y León, formada por el sur de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia, el este de la de Burgos y la práctica totalidad de la de Soria, con una quinta parte de la superficie regional y numerosos espacios naturales protegidos. La estación de referencia de esta zona donde en el último quinquenio se ha superado el objetivo legal de ozono ha sido la de El Maíllo, en Salamanca.

Ecologistas en Acción considera muy grave que la autoridad responsable de la protección de la salud y el medio ambiente intente engañar a la ciudadanía de Castilla y León sobre la situación de la contaminación atmosférica, incumpliendo sus obligaciones de informar a la población y adoptar medidas para corregir la situación. Y es que en Castilla y León tenemos dos problemas serios de calidad del aire: los elevados niveles de ozono y una Administración regional que niega sistemáticamente el problema y se niega a adoptar las medidas legalmente previstas para resolverlo.

La Ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso de las indicadas para Castilla y León. Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como una decisión discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados el pasado verano en Castilla y León. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y parques urbanos y reduciendo la productividad de los cultivos.

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