Este punto, que forma parte de una moción presentada por el PSC, pide que la Generalitat presente un Plan horizonte 2020 de reducción progresiva del tráfico de vehículos privados en el área de Barcelona y que pare ello lidere una Mesa de concertación en la que estén presentes diversos departamentos de la Generalitat, representantes del Ayuntamiento de Barcelona, del Área Metropolitana, de la Associació de Municipis per la Mobilitat y el Transport Urbà (AMTU) y expertos externos.

También se reclama acabar con cualquier política pública que bonifique el diésel, aprobar en los próximos seis meses un plan para sustituir los vehículos de la administración catalana por eléctricos y sostenibles, promocionarlos en el transporte público así como delimitar conjuntamente con los ayuntamientos afectados las zonas de baja emisión o zonas urbanas de atmósfera protegida.

Otros puntos que han salido adelante es diseñar en las infraestructuras viarias carriles segregados para facilitar el uso de la bicicleta, potenciar los carriles bus-vao para acceder a las ciudades de la región metropolitana, continuar con la implantación del proyecto T-Mobilitat y revisar el protocolo de contaminación para aumentar su eficacia y eficiencia.

Además, se insta a la autoridad portuaria a establecer un plan para el puerto de Barcelona que le obligue a utilizar combustibles de menor impacto ambiental y requerir al sector automovilístico, sobretodo a los fabricantes de vehículos con combustible diésel, el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la información que se facilita al consumidor y a los ciudadanos en este ámbito.

Al Gobierno también se le pide que acelere el proceso de implantación del etiquetaje de vehículos, priorizando los más antiguos, y reoriente las ayudas a la renovación del parque automovilístico más antiguo, sobretodo de cara a los propietarios con menos ingresos.

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