De ahí que la Administración andaluza haya anunciado este miércoles que continuará con los estudios en un tema que la propia delegada, Rocío Jiménez, ha calificado como "bastante difícil".

En rueda de prensa para exponer los resultados obtenidos, por un lado explican que, de acerudo a los estudios olfatométricos cualitativos encargados a 13 fábricas, se concluye que "ninguna de las 13 constituye por sí sola un foco de mal olor", por lo que el siguiente paso sería estudiarlo desde una perspectiva sinérgica, es decir, "si el conjunto de las emisiones de varias de ellas podría constituir la fuente de olores molestos para la población". Todo unido a ciertas condiciones climatológicas concretas que influyen, aunque "sin llegar a ser condiciones suficientes".

Por su parte, en relación al estudio olfatométrico cuantitativo, encargado a la empresa Strenghs, explican que "la primera evaluación pone de manifiesto que del tiempo en el que se han realizado las mediciones cualitativas por los expertos panelistas, en la capital durante el 58 por ciento del tiempo medido no se percibe olor; el 40 por ciento, el olor es no industrial, y el 2 por ciento restantes es olor industrial, cantidad coincidente con las ocasiones en que la población percibe los malos olores".

Asimismo, en la zona industrial de La Rábida y sus alrededores, el olor industrial asciende al 12% y el no industrial al 54%. En el 34% del tiempo de medición hubo ausencia de olor.

En la capital, el olor es de carácter principalmente químico y su probable procedencia se sitúa en el Polígono Industrial Punta del Sebo. La delegada ha apuntado a Atlantic Copper como posible origen. Y en el entorno de La Rábida, el olor percibido corresponde a refino y aceites, siendo el primero más frecuente. Su probable procedencia está en el Polígono Industrial Nuevo Puerto, y la Junta señala a Cepsa (refino) y Sertego (aceite). No obstante, la delegada insiste en que los resultados de este estudio "no son concluyentes, pues sólo se han desarrollado durante tres meses, cuando se requiere de seis meses a un año, por lo que también se plantea ampliarlo.

Desde Medio Ambiente insisten en que, tras comprobar que "lo hecho hasta ahora no es suficiente", van a "proponer la ampliación del estudio hasta que consigamos identificar el foco o focos y, a partir de ahí, solicitar a las empresas que adopten medidas correctoras si hiciese falta".

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