La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha abierto expedientes sancionadores a los operadores portuarios EBHISA y Lissan Coal COMPANY por la nube de polvo de carbón que se produjo en Gijón. La titular de la consejería, Belén Fernández, ha asegurado que "desde el Principado no vamos a permanecer resignados o tolerantes ante episodios como el de la nube de polvo. Estaremos vigilantes y exigentes para que se cumplan todas las medidas ambientales de los espacios portuarios".

Fernández ha explicado que la apertura de estos dos procedimientos de infracción ambiental ha sido posible porque el Principado de Asturias, desde enero de este año viene sometiendo a todas las empresas que desarrollan actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, a autorizaciones con numerosas condiciones ambientales, en el marco del Plan de Calidad del Aire de Gijón.

La consejera ha señalado que desde el Gobierno regional también se está coordinando la actuación de la Autoridad Portuaria de Gijón que, de manera inmediata, debe entregar al Principado el estudio de viabilidad de los apantallamientos, tanto en las explanadas de Aboño como de El Musel, y velar por la aplicación de sus normas ambientales en los espacios portuarios, con el único objetivo de contribuir a evitar lamentables episodios ambientales como el de la nube de polvo.

En este sentido Fernández apuntó que desde el puerto se debe promover de forma inmediata "el asfaltado de las explanadas; y, la continua aplicación de correctas prácticas de gestión ambiental, como el sellado de las parvas de graneles con tensoactivos, unos adecuados sistemas de riego y de nebulización en todas las operaciones de carga, descarga y cribado de los minerales".

La consejera especificó que "todas estas medidas estaban incorporadas en las autorizaciones regionales, pero no han sido debidamente aplicadas". Por ese motivo, tras dejar claro que con la aplicación de las mismas deberían ser suficientes para evitar nuevos episodios de contaminación de polvo de carbón, Fernández afirmó "si no se aplican por las empresas o no tienen la eficacia esperada, exigiremos la adopción de otras medidas".

Por otra parte, la consejera ha mostrado su rechazo a las manifestaciones efectuadas desde la Alcaldía de Gijón, atribuyendo a otras instituciones, entre ellas el Principado, responsabilidad en lo sucedido y desentendiéndose de toda responsabilidad local en la prevención y reacción frente a los hechos.

Al respecto, ha maniestado que "no puede ser que la única política ambiental del gobierno local de Foro sea la del avestruz, y encima tengan la osadía de acusar a la administracion que está actuando, que es el Principado". "El ayuntamiento, si quisiera, habría podido reaccionar frente a lo sucedido porque para actuar no es necesario esperar por las ordenanzas nuevas que prometen, ya que está vigente la ordenanza municipal de medio ambiente atmosférico".

Fernández ha puesto de manifiesto que no pretende "convertir el delicado asunto de la calidad del aire en un zarzal de confrontación política pero sí quiero dejar clara la responsabilidad de cada uno".

En ese mismo ámbito de evitar confrontaciones políticas ha subrayado que "empieza una etapa de gobierno y creo que los ciudadanos esperan de nosotros que nos entendamos y resolvamos con eficacia sus problemas". Al respecto, anunció que "quiero brindarle al Ayuntamiento mano tendida, desde la lealtad y la coordinación institucional, para responder a las expectativas de la gente" y añadió por ello, "espero que la retahíla de ataques sin fundamento del Ayuntamiento al Principado cesen por su parte, y en su lugar, dediquemos los esfuerzos de todos a trabajar".

Moriyón: «Lo del puerto es una auténtica vergüenza»

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), se ha mostrado este sábado visiblemente molesta por el comportamiento de otras instituciones como el Gobierno del Principado de Asturias o la Autoridad Portuaria de Gijón, al no haber atajado la situación que ha generado los problemas de contaminación que se han visto estos últimos días acrecentadas con nubes de restos de carbón que han alarmado a la población. "Lo del puerto es una auténtica vergüenza", ha dicho Moriyón.

La regidora se ha pronunciado en estos términos en el pleno municipal, en respuesta a una pregunta del concejal de IU Aurelio Martín sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno municipal. Moriyón reclamó seriedad en este asunto y, mientras mostraba una gran fotografía en la que se podía apreciar una de las nubes de restos de carbón sobre la ciudad, preguntó a Martín si de verdad se creía que eso podía solucionarse con una ordenanza municipal. En sus explicaciones, Moriyón ha relatado que ha venido alertando de la situación desde hace años a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, a quien trasladaba la preocupación de los vecinos y la suya por lo que estaba ocurriendo.

Moriyón ha explicado que a lo largo de todo este tiempo han venido trabajando en este asunto y colaborando en iniciativas para la elaboración del Plan del Aire. Como respuesta a esa colaboración, ha lamentado, lo que hizo la consejera de Medio Ambiente del Gobierno asturiano, Belén Fernández, fue presentarse hace un año en la Feria de Muestras sin avisar y presentar en público el documento para "hacerse propaganda". La Alcaldesa ha recordado que gente de su equipo le dijo entonces que "no hay derecho". Pero a pesar de todo, no quiso entrar en polémicas y siguió trabajando. En cualquier caso, cree que, tras lo sucedido, Belén Fernández no ha cumplido.

Aunque sus competencias son muy reducidas en materia medioambiental debido a la actual legislación, Moriyón ha dicho que van a seguir buscando vías para combatir situaciones tan penosas también desde el Ayuntamiento. Así, ha anunciado que en la segunda quincena de septiembre será presentada una nueva unidad medioambiental que pertenecerá a la Policía Local de Gijón. Esa unidad se encargará de realizar un registro de incidencias medioambientales, recogerá denuncias ciudadanas y elaborará actas.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento van a modificar la ordenanza medioambiental, que es de 2004, para adaptarla a la diferente legislación que ha ido surgiendo desde los ámbitos estatal y autonómico.

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