El objetivo es que las propias firmas energéticas presenten un proyecto que compense los cierres, ya no solo con la oferta de recolocación de los trabajadores en otras plantas, como propone Iberdrola para la plantilla de la térmica de Lada, sino que sea un plan industrial alternativo a las térmicas.
En este contexto, en una visita a Zaragoza, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió ayer a Endesa de que el cierre de la central térmica de Andorra, en Teruel, solo se puede plantear si se acompaña de un plan de inversiones que garantice que el territorio no se queda «atrás», un aviso que su departamento hizo extensible al resto de compañías energéticas que tienen en sus planes el cese de la actividad en sus instalaciones, entre ellas Iberdrola, que hace un año anunció su intención de desmantelar sus plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Fuentes del departamento de Ribera reconocieron a este periódico que están a la espera de que Iberdrola ofrezca un plan «que dé una respuesta al cierre y sirva de acompañamiento a la zona».
Según el ministerio, esos planes serán diferentes para cada lugar y contexto, pero las empresas tienen que tener claro que «no se dejará nadie atrás» y que la transición energética será justa. «Hay que poner las luces largas y no solo fijarse en el corto plazo», insisten desde el Gobierno, aunque también cargan contra el Ejecutivo anterior, al que acusan de dejarles «una situación sobrevenida» y de no haber hecho nada hasta ahora.
Tiempo perdido
Ante este panorama, en la visita de Ribera a Zaragoza, el presidente de Aragón, Javier Lambán, alineado con el del Principado en múltiples frentes (carbón, demografía, financiación autonómica...), defendió la necesidad de que se estudie alargar la vida de las centrales para dar tiempo a que surtan efecto esas alternativas de reindustrialización y de ser «muy exigentes» en el plan de acompañamiento que debe plantear la eléctrica. En respuesta a esta demanda, la ministra aseguró que están «viendo todos los planteamientos», respecto a la posibilidad de que la central pueda mantenerse abierta de forma parcial, dentro de los márgenes que deje el derecho comunitario.
También subrayó Ribera el papel que tiene que jugar la Plataforma Europea de Regiones del Carbón en Transición, a la que ya está adherida Asturias, porque es «clave» para que nadie tenga que abandonar su territorio por no encontrar una opción laboral con condiciones «plenamente satisfactorias».
Los planes del Gobierno pasan por movilizar fondos propios, pero también forzar a las empresas a que paguen parte de esa transición energética. Además, también esperan movilizar recursos que lleguen de Bruselas. «Vamos a poner el foco en estas comarcas», insisten las fuentes ministeriales, que destacan como un logro el acuerdo de la minería para el periodo 2019-2027 firmado a finales de octubre.
La Estrategia Española de Transición Justa se aprobará, previsiblemente, en enero, según anunció Ribera en su participación en la cumbre del clima celebrada en las dos últimas semanas en Katowice (Polonia) y seguirá las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para generar oportunidades económicas en los territorios afectados. Su planteamiento es que participen en esta estrategia todos los agentes sociales para elaborar planes de reactivación con acciones concretas para las zonas afectadas, entre ellos elaborar contratos de transición justa que permitan crear y fijar la población a medio y largo plazo.
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