La denominada Coalición de Ambición Elevada, que incluye entre otros a la UE, México, España, Costa Rica, Argentina y Colombia, reivindicó asimismo en una rueda de prensa conjunta de sus ministros el papel de la ciencia en el debate sobre el calentamiento global, tomando postura en una de las mayores controversias de esta cita multilateral.
El ministro de Medio Ambiente de las Islas Marhall, David Paul, exigió una "decisión clara" como resultado de esta COP24 que establezca los "nuevos pasos" que tienen que dar los países en la lucha contra el cambio climático.
Esta cumbre, agregó, debe dar a luz un "libro de reglas sólido" que permita la implementación del Acuerdo de París, que estableció que los países limitarían la subida de las temperaturas por debajo de los 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales.
El comisario europeo de Acción Climática y Energía, Miguel Arias-Cañete, aseguró que la UE seguirá presionando para que haya más "ambición" en el texto que se está negociando en Katowice y para más adelante.
Además, subrayó que la UE no comparte que el texto final no incorpore el informe que la COP encargó al Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) sobre las consecuencias de una subida de las temperaturas de 1,5 grados.
De esta forma se refería a la controversia del pasado domingo en la COP24, cuando Estados Unidos, Rusia, Kuwait y Arabia Saudí indignaron al resto de los países al negarse a incorporar este documento científico al texto de la negociación y fijarlo como base científica sobre la que trabajar.
El comunicado asegura que los firmantes están "comprometidos a elevar" su "ambición" en el recorte de emisiones "para 2020 de forma consistente con el objetivo térmico del Acuerdo de París".
Asimismo subraya la "necesidad de reforzar" los "esfuerzos" para asegurar una "respuesta adecuada" a los "riesgos e impactos del cambio climático".
También recuerdan la "importancia de movilizar apoyo adicional e inversiones para los países en vías de desarrollo".
La Coalición de Ambición Elevada está formado por Argentina, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Etiopía, UE, Fiyi, Finlandia, Francia, Alemania, Granada, Italia, Jamaica, Luxemburgo, Macedonia, Islas Marshall, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Santa Lucía, España, Suecia y Reino Unido.
Temor a que las protestas sociales frenen la lucha contra el cambio climático
Los chalecos amarillos de Francia han causado un terremoto en los foros internacionales sobre la lucha contra el cambio climático. Las protestas francesas que han obligado al presidente Emmanuel Macron a retirar su plan de impuestos a los carburantes han terminado por despertar a los responsables políticos. Ahora temen que la contestación por parte de diferentes colectivos ante diversas medidas climáticas se lleve por delante la acción contra el calentamiento global. "El debate social es muy importante. Es una obviedad que nos costó ver", ha concedido este miércoles la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera en la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia).
Las manifestaciones de los chalecos amarillos han terminado por mezclar muchas demandas, pero al arrancar hablaban de la subida de impuestos a los carburantes a base de combustibles fósiles. Una medida, en principio, coherente con el objetivo de reducir el uso del diésel y la gasolina para contener la emisión de gases de efecto invernadero. "El Gobierno francés está en shock", han comentado en la cumbre polaca sobre cambio climático. Un aviso para navegantes.
Más allá de la idiosincrasia gala, cada país desarrollado tendrá que lidiar con sus consecuencias sociales. Es decir, cómo repartir los esfuerzos que una política concreta vaya a imponer. Las cuentas generales han sido expuestas por la ciencia: una reducción de CO2 implica evitar cierto calentamiento de la Tierra y, por lo tanto, estos efectos se palían. El plan puede costar cierta cantidad de dinero. La cuestión es: ¿quién lo paga?
Porque estas consecuencias son un material sensible y fácilmente inflamable como se ha comprobado en Francia. Inmediatamente después de que el Gobierno español fijara sobre el papel la fecha de 2040 para dejar de matricular vehículos diésel o gasolina, la patronal automovilística Anfac sacó a relucir los puestos de trabajo "en riesgo". En la actualidad, más de 20 años antes de la llegada de esa fecha, se cuentan 50.000 empleos directos en 13 plantas.
Quizá por eso, cuando la ministra Ribera ha hablado de que no hay justificación para que los carburantes fósiles tengan una fiscalidad diferente (las bonificaciones hacen al gasóleo un 23% más barato: de 307 euros por mil litros a los 431 de la gasolina sin plomo) también ha añadido que los conductores profesionales estarían a salvo. En España hay unos 250.000 camioneros, según los datos por licencias de la DGT. El Gobierno devuelve más de 300 millones de euros anuales en concepto de ayuda al gasóleo profesional.
En las cumbres climáticas, como la que se celebra estos días en Polonia, los sindicatos, por ejemplo la Confederación Sindical Internacional, insisten en el mensaje de que "no hay empleos en un planeta muerto". Pero sobre ellos recae el foco cuando llegue el momento de reconvertir un sector industrial concreto.
El temor, pues, es que la política climática se convierta en una excusa para la confrontación. Sin ir mucho más lejos, los regantes del Levante español amenazaron con llevar a cabo "acciones de guerrilla" si el Ministerio para la Transición Ecológica no "reconducía" (es decir, les hacía caso) su postura sobre el trasvase de agua por el sistema Tajo-Segura. La política hidrológica va adherida a la de cambio climático en España: la escasez hídrica es uno de los principales impactos en la Península Ibérica y el arco mediterráneo del calentamiento global.
Lavado de cara verde
Sin embargo, el responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, alerta sobre el "lavado de cara verde" que detecta en la insistencia de la llamada transición justa: "Algunos gobiernos la utilizan para amparar políticas regresivas como en las cuencas mineras de carbón en Polonia, un país que todavía incluye este mineral en un 80% de su producción energética". También subraya que el término transición "dilata la toma de medidas y esconde la necesidad de cambiar el modelo productivo y de consumo".
En este sentido, un informe de Oxfam Intermón ya explicaba cómo solo el 10% más rico de la población mundial -y su forma de crecer económicamente- emite más del 50% del CO2 responsable principal del calentamiento global. "Además, siempre se habla de transición a base de dinero público, como si las grandes empresas que tienen que transitar quedaran a salvo del esfuerzo", remata el ecologista.
Los chalecos amarillos franceses, los mineros polacos, los transportistas, los regantes... "hay que tomarlo en serio", ha remachado la ministra Ribera en Katowice. Y ha apuntado hacia una estrategia: "Lo que se recaude [con impuestos verdes] debe destinarse a los colectivos más vulnerables".
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